Durante los años 90, en el periodo de la dictadura de Alberto Fujimori, se privatizaron y remataron muchas empresas dedicadas a la minería y se dieron normas para facilitar la exploración y explotación de recursos. En aquellos años las comunidades también resistieron para defender sus territorios. En la actualidad, siguen luchando por la salud, el agua, la tierra y el buen vivir.

Por Jair Sarmiento

«La afectación es irreversible, pero queremos calidad de vida», explica Elsa Merma Ccahua, dirgenta de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K’ana de Espinar, Cusco, sobre la actividad minera en los territorios de comunidades en el Perú.

La provincia de Espinar convive con la minería y sus consecuencias desde 1981, pero todo se fue agravando desde los 90 durante la dictadura de Alberto Fujimori, periodo donde se privatizaron y remataron muchas empresas extractivas y se dieron normas para facilitar la explotación de recursos.

En tal sentido, la lideresa cusqueña de la provincia que también es agrícola y ganadera señaló que a la fecha hay acuerdos o compromisos que las mineras no cumplen y por esa razón siguen existiendo conflictos y protestas.

«Las empresas mineras que entran a nuestros terriotrios hacen lo que quieren, nuestros territorios son nuestros capitales, con eso mantenemos a nuestra familia, educamos a nuestros hijos, alimentamos a todo el pueblo. (…) ¿Qué cosas nos han traido las empresas mineras? Problemas», manifestó Merma.

Asimismo exigieron que hasta el momento no se implementan programas de salud para la población expuesta (más de 10.000 personas) ante esta contaminación minera.

De igual modo, Yolanda Zurita Trujillo, vocera de la región Junín y coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados por Metaloides, Metales Pesados y otros químicos tóxicos, narró su trayectoria en el marco de la contaminación minera en La Oroya, ciudad que fue considera como la quinta más contaminada del planeta en el 2017.

Al respecto, ese complejo metalúrgico comenzó sus operaciones en 1922 con la empresa norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation y pasó al Estado en 1974. Es en 1997 cuando Alberto Fujimori vende este complejo a una empresa del multimillonario estadounidense Ira Rennert.

«La fundición dejó de operar entre 2009 y 2012 porque la compañía Doe Run se declaró en insolvencia e incumplió sus programas de adecuación y manejo ambiental pese a que el Estado le prorrogó tres veces los plazos», apunta un artículo de el Diario El País.

Sin embargo, es necesario recordar que la amenaza al medio ambiente y la preocupación de la población de La Oroya vuelve ya que este complejo ha reiniciado sus operaciones.

Por su parte, el exdirigente del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande (Piura), Luis Riofrio Crisanto, habló de su participación en las protestas contra el proyecto Tambogrande, calificada como la primera gran inversión minera que fue paralizada en el 2003, cuando la población se opuso al proyecto, previos contundentes paros entre el 2001 y 2002.

«En esa localidad se organizó la primera consulta ciudadana en América Latina sobre un proyecto minero», apunta un artículo de Cooperacción.

Cabe recordar que en 1999, Fujimori dio luz verde a la canadiense Manhattan Minerals Corp., para que explore los yacimientos mineros, en el norte del país. Originalmente la compañía había planificado construir una mina de metales básicos y preciosos, pero se toparon con una gran oposición de ciudadanos agricultores.

Los dirigentes coincidieron en que aún están luchando por el buen vivir de sus comunidades, ello entendido como un proceso de búsqueda de bienestar, fundamentado en la solidaridad e identidad de los pueblos.

Estas declaraciones se dieron Invitamos en el Foro Nacional “Las comunidades frente a la expansión minera”, actividad central del vigésimo aniversario de la Red Muqui.