Jaime de la Cruz Gallegos fue condenado a 12 años y 4 meses por los delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos y motín. Este año fue capturado y trasladado al penal de Socabaya
Por: Zintia Fernández, corresponsal de Wayka en Arequipa
David Velasco Rondón, abogado del dirigente Jaime de la Cruz, informó ante los medios que acudirán a organismos internacionales para conseguir la libertad de su patrocinado, quien fue investigado y condenado luego de participar de las protestas contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation (SCC) en el 2015.
Jaime de la Cruz Gallegos fue condenado en el 2022 a 12 años y 4 meses por los delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos y motín. El 2 de febrero de este año, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó las condenas. Y el 30 julio fue detenido por la Policía Nacional en el mismo Valle del Tambo al tener requisitoria.
«Estamos brindando todo el apoyo desde las 36 organizaciones del país enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Además realizamos acciones de incidencia política con organismos internacionales. Enviamos la denuncia (de lo ocurrido con el proceso) a los relatores de Derechos Humanos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de las Naciones Unidas por la arbitraria decisión que nosotros consideramos», aseveró el abogado en conferencia de prensa.
Sobre la situación legal actual de Jaime de la Cruz adelantó que tras la sentencia en segunda instancia presentaron la casación a la Sala Superior de Apelación de la Corte de Justicia de Arequipa, pero fue denegada «porque de los delitos imputados, ninguno tiene más de seis años de pena». Ante este escenario interpusieron el «Recurso de Queja» en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside el juez supremo César San Martín.
«Estamos en espera de ese recurso para ver si la casación será llevada por la Sala de Apelaciones de Arequipa o la misma Corte Suprema (…) En noviembre del año pasado buscamos una respuesta pero están recargados. En este caso solo queda esperar», refirió Velasco Rondón a Wayka.
No habría delito
Velasco Rondón insistió en la inocencia del dirigente al considerar que la fiscalía no probó los delitos imputados y contrario a ello afecta el derecho a la libre expresión, mediante la protesta. «El delito de motín es una creación heróica del Ministerio Público. Para este delito requiere alzarse en armas. No hubo. Es más, ninguno de los ciudadanos tenía armas en las protestas.
«En disturbios, nadie ha sindicado que (Jaime) tiró una piedra o dijo que tiren piedras, ni autor directo ni mediato. En entorpecimiento, me remito a las pruebas, quién dijo que se paró en medio de la vía y colocó piedras. Si fuera así se hace una graduación de los hechos, qué derecho prima sobre otro. Estoy defendiendo la vida», explicó a detalle para cuestionar los delitos planteados por la Fiscalía.
Gravedad en su salud
María Cerezo Callo indicó que la salud de su esposo es de gravedad debido a «una hernia grande». El pasado 2 de agosto presentó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una solicitud para iniciar pruebas preoperatorias de la cirugía de hernia.
“Mi esposo fue internado en el tópico del INPE porque sufre diabetes, hipertensión más la hernia crónica. Queremos programar una intervención para evitar que se complique, no queremos actuar a último momento como una emergencia», precisó Cerezo a Wayka.
Asimismo señaló que nuevamente preparan una actividad en el Valle de Tambo para recaudar fondos pro salud. «No ha sido una mala persona, al contrario ha estado defendiendo la agricultura. Muchos lo conocen aunque traten desde los medios de comunicación y otros aducen que ha buscado extorsionar con eso de las «lentejas». Es más, de esa acusación no hay sentencia», agregó.
