El juez Leodan Cristóbal Ayala solo dispuso que se cumplan dos reglas de conducta: No variar de domicilio y acudir obligatoriamente a las citaciones judiciales y fiscales. La defensa legal de la familia de Rosalino manifestó sorpresa cuando la Fiscalía desistió del impedimento de salida del país contra el mencionado oficial.

Por Jair Sarmiento

El Poder Judicial ordenó «comparecencia con restricciones» para el Coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edson Cerrón Lazo, por el caso de Rosalino Florez Valverde, joven estudiante de gastronomía de 22 años que recibió más de 30 perdigones en el cuerpo, lo que causó su muerte el 21 de marzo del 2023, durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en Cusco.

En tal sentido, el juez Leodan Cristóbal Ayala decidió que Cerrón Lazo solo no podrá variar de domicilio y tendrá que acudir a citaciones judiciales o fiscales, mas sí podrá movilizarse con tranquilidad por dentro y fuera del país ya que la Fiscalía y la defensa del imputado llegaron a un acuerdo para que se deje de lado el impedimento de salida del Perú.

El oficial de la PNP es señalado por la Fiscalía como presunto autor por omisión de la muerte de Rosalino Florez Valverde ya que, en aquel se desempeñaba como jefe operativo del control de multitudes en la ciudad de Cusco. De igual modo, es necesario recordar que hace poco la justicia ordenó la prisión preventiva por 18 meses y captura inmediata del suboficial PNP Joe Erik Torres Lovon por ser el presunto autor de dicho homicidio. Sin embargo, hasta la fecha dicho individuo permanece prófugo.

A pesar de ello, la Fiscalía y la defensa legal del agente imputado llegaron a un acuerdo durante la audiencia para obviar algunas restricciones ya que para la Fiscalía «no hay riesgo procesal» puesto que Cerrón Lazo ha acudido a sus citaciones y diligencias.

Al respecto, Juan José Quispe, abogado de IDL de la familia de Rosalino, manifestó su desacuerdo y sorpresa por la decisión de la Fiscalía: «Definitivamente que discrepamos muy respetuosamente con el Ministerio Público, y creemos que en aras de un delito de lesa humanidad, porque no es un delito común, por lo menos debió tener impedimento de salida de país».

«El hecho de que se presente a las diligencias es su obligación como imputado, ahora le dan un premio, le dan su carita feliz, pero es su obligación defenderse de los cargos que le imputan», mencionó Quispe.

Consultado sobre si existiría un peligro de fuga, el letrado sostuvo: «Yo creo que sí». Esto debido a que quien participa durante las diligencias (como las visualizaciones de videos o peritajes) es el abogado, no el imputado, pudiendo excusarse de asistir en algún momento del proceso.

Para Quispe, lo que ha logrado la defensa legal del policía es por decirlo así, una comparecencia simple. «No le han puesto que tiene que firmar cada 30 días, ni control biométrico, la Fiscalía no ha sustentado su primer requerimiento (impedimento de salida del país) y extrañamente desistió de ese extremo», agregó.

La defensa legal de la familia de Rosalino Florez Valverde también comentó que en esta audiencia no se les permitió participar como sí pasó en la anterior. «Incluso no nos notificaron sobre esta audiencia. En la mañana faltando 10 minutos me notifican porque conversé con el juzgado», añadió Quispe.