Por Liz Meléndez

Según datos del Ministerio Público se recibieron 70 denuncias diarias por violación sexual en el 2017; si tomamos en cuenta que las estimaciones señalan que sólo una tercera parte de las mujeres agraviadas por violencia denuncian los hechos, podemos afirmar que el abuso sexual es una realidad alarmante y vergonzosa en el país.

La mayoría de crímenes sexuales son dirigidos a mujeres jóvenes, niñas y adolescentes. En los últimos años se viene debatiendo mucho sobre qué hacer frente a este problema, sin que las autoridades logren una solución. El nudo se encuentra en que existe muy poca comprensión de lo que es la violencia sexual, sus causas y consecuencias. Esto lleva a que las medidas planteadas y con mayor aprobación ciudadana sean las referidas al ámbito de lo punitivo, sin que medie una reflexión sobre la efectividad de las sanciones, su aplicabilidad o un análisis del real impacto que tendrían estas sobre la disminución y la erradicación de los abusos.

La reciente aprobación de la “castración química”, en primera votación del legislativo, como sanción complementaria para el delito de violación sexual en menores de edad, sólo pone en evidencia que nuestras autoridades no terminan de comprender las dimensiones de la violencia e insisten en patologizar el problema, centrarse en el sensacionalismo y en medidas populistas que no contribuyen en nada en la lucha seria contra estos crímenes.

Oponerse a la castración química, no significa en absoluto una defensa a los agresores sexuales, quienes deben ser sancionados efectivamente; lo que traduce esta posición es una preocupación por la minimización y patologización del problema; a la vez que expresa una demanda por reformas integrales que involucren el ámbito de la sanción, la atención, la prevención, la reparación a las víctimas y la lucha contra la impunidad.

Por ello es importante mencionar algunas consideraciones:

  1. La violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes no tiene nada que ver con una libido irrefrenable, ni con el deseo sexual, mucho menos con pensamientos vinculados al placer. Esta es una forma de abuso de poder que se ha legitimado por siglos y que responde a una cultura desigual, patriarcal y machista que ha sometido el cuerpo de las mujeres. Una violación sexual es un acto de apropiación y castigo dirigido a un cuerpo al que se le considera inferior, desprovisto de derechos.
  1. Por lo tanto, aunque la libido sexual pueda ser disminuida (temporalmente) con tratamientos químicos, ello no va a cambiar lo fundamental: los imaginarios de poder de los agresores, su intención de doblegar, de humillar y de apropiarse de ese cuerpo que consideran pueden tocar, violar y degradar. Recordemos – además- que una violación sexual puede realizarse con cualquier parte del cuerpo e incluso con objetos.
  1. Así mismo, insistir con este tipo de medidas contribuye a patologizar la violencia, al tratarla como una enfermedad. Ya la Sociedad Peruana de Psiquiatría ha señalado que es un error vincular la violencia contra las mujeres con los trastornos mentales.
  1. El Estado tiene la obligación de invertir más en la lucha contra la violencia. Por lo tanto, los recursos destinados a ello, deben ser bien canalizados y orientados a lo necesario: fortalecer las acciones de prevención, atención y combatir la impunidad. Es irresponsable invertir en medidas sensacionalistas que generan titulares pero que finalmente no lograran lo principal: garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes vivan en un mundo libre de violencia y sin discriminación.
  1. Los crímenes sexuales en nuestro país son los más impunes. Anualmente miles de mujeres denuncian los hechos, pugnan por justicia y tienen que enfrentarse a un sistema que no las atiende con diligencia, que las revictimiza y no cree en su palabra; como consecuencia de ello, los procesos judiciales por abuso sexual suelen durar años e incluso décadas o quedar en la impunidad. Y es justamente este lastre social (la impunidad) lo que hay que erradicar y para ello se necesitan medidas efectivas como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, adecuada atención, capacitación especializada permanente a los operadores de justicia y enfoque de género en la educación para garantizar la prevención.

Cabe destacar que existen un pliego de reformas pendientes de aprobación- en segunda votación-  por el Congreso, entre las que se encuentran la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, una mejora de los agravantes, la valoración del “no consentimiento” de la víctima en cualquier acto de violencia sexual independientemente de que exista o no grave amenaza o violencia, entre otras medidas fundamentales que están siendo soslayadas e invisibilizadas.

Es hora que el legislativo actúe con seriedad y priorice por encima del sensacionalismo la lucha frontal y real contra la violencia hacia las mujeres, sólo así lograremos cambios.

*Liz Melendez es feminista, socióloga y experta en temas de igualdad de genero y derechos humanos de las mujeres. Magister en Igualdad de Género por la Complutense de Madrid. Es actual Directora del CMP Flora Tristán.