Redacción Wayka

El Estado dejó de cobrar más de dos millones de dólares en impuestos a Cerro Verde debido a su negligencia y falta de control a un acuerdo suscrito con la minera, según reveló una investigación realizada por Convoca.

En 1999, el complejo minero Cerro Verde ubicado en Arequipa, fue adquirido por la empresa Phelps Dodge Corporation de Arizona, quien compró por 1.8 billones de dólares las acciones de Cyprus Climax Metals Company, en ese entonces dueño de la mina. Esta operación podría representar un cotidiano negocio de compra-venta entre grandes empresas, de no ser porque Cyprus Minerals tenía en ese año un acuerdo firmado con el Estado que le restringía vender el complejo minero de Arequipa sin previa aprobación de las autoridades correspondientes.

La norteamericana Cyprus Mineral Company compró las acciones de la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) en 1993 por 34 millones de dólares. Luego de la adquisición, cedió sus derechos a Cyprus Climax Metals Company, la que cuatro meses después, el 18 de marzo de 1994, firmó con el Estado un Convenio de Estabilidad Jurídica.

La característica de estos convenios es que son inmodificables por un período de tiempo específico acordado por las partes firmantes. Este contrato ley fue suscrito por la mencionada minera y la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE) que establecía, por un plazo de diez años, una inversión de casi 34 millones de dólares en la mina de tajo abierto de cobre.

Además, el convenio establecía que no se aplicaría un impuesto a la distribución de las utilidades y remesas de la minera que sean enviadas al exterior. Sin embargo, este beneficio, entre otros, estaba sujeto al compromiso de que la empresa no podía ceder las acciones total o parcial a ninguna otra compañía, sin antes obtener la autorización oficial de la CONITE. De incumplir este acuerdo, se eliminarían todos los beneficios contemplados en el convenio, incluidos los tributarios.

A pesar de ello, cinco años después de firmado el acuerdo, en 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió el 82% de acciones de la SMCV, al parecer sin contar con la autorización de la CONITE, según revela Convoca su investigación.

Ni las empresas mineras antes mencionadas, ni las entidades del Estado, que debieron supervisar esta operación, saben dar razón de esta compra. Tanto el Ministerio de Energía y Minas como Proinversión (antes CONITE) dijeron que la autorización de transacción, que debió solicitar Cyprus Climax, no figura en sus registros.

Llama la atención que, los actuales dueños de Cerro Verde, Freeport-Mcmoran, informaron que Phelps Dodge Corporation nunca había sido accionista de la mina arequipeña. Afirmación que queda desmentida con el reporte anual de Phelps de 1999, el cual tiene registrado la compra-venta de la mina de cobre por parte de Phelps a Cyprus.


Extracto del convenio de estabilidad jurídica firmado entre la CONITE y Cyprus Climax  (1994). Imagen: Convoca

Más omisiones

No es la primera vez que Cerro Verde está implicada en este tipo de altercados con el Estado. A finales de 2018, la minera redujo su renta en más de 156 mil dólares, según informa Convoca en su investigación. La empresa no pudo acreditar las operaciones que lograron reducir estos impuestos ante el Tribunal Fiscal que está llevando el litigio que tiene con Sunat.

De hecho, la empresa minera sigue omitiendo el acuerdo firmado con el Estado en 1994. En el litigio judicial por las regalías no pagadas entre 2008 a 2013 -que ascienden a 500 millones de soles-, Cerro Verde solo hizo referencia a contratos de Garantías y Medidas a la Promoción de la Inversión, firmados el 16 de marzo de 1994, 13 de febrero de 1998 y julio de 2012. Este tipo de acuerdo contempla la ejecución de un proyecto de inversión específico acompañado de beneficios tributarios como la reinversión de utilidades.

Sin embargo, no mencionan en ningún momento el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito el 18 de marzo 1994. ¿Por qué? Al ignorar o dar por resuelto el Convenio de estabilidad jurídica, Cerro Verde debería pagar los impuestos vigentes al menos desde 1999 cuando la mayoría de acciones pasaron a control de la multinacional Phelps Dodge. Entre ellos el pago de dividendos y las remesas al exterior.

Desde el 2003, a las mineras que operan en Perú se les aplica el pago de impuestos de 4.1% a los dividendos. Es decir, la minera debió pagar los períodos fiscales correspondientes a los años 2003 y 2004.

La investigación de Convoca revela que durante esos años, la empresa efectuó la repartición de los dividendos a los accionistas producto de los US$ 43 millones obtenidos ese año en utilidades netas. El primer pago de dividendos a sus accionistas fue de 15 millones de dólares.

En ese entonces, los accionistas eran la extranjera Phelps Dodge Corporation, con el 82% de acciones; la peruana Minas Buenaventura con 9.7%, y los trabajadores y terceros con 8.3%.

Es decir, Cerro Verde debió retener a Phelps Dodge medio millón, producto de los 12.3 millones de dólares de los dividendos que le correspondían, y declararlos a la Sunat porque Phelps era la principal accionista y una empresa no domiciliada en el Perú.