El pasado 23 de agosto se cumplieron cuatro años desde que desaparecieron a la activista feminista Solsiret Rodríguez Aybar. Debido a la pandemia, las investigaciones del caso avanzan a paso lento mientras la familia de Sol continúa esperando justicia.
Graciela Tiburcio Loayza
Justicia en pausa. La pandemia ha paralizado varios aspectos de la vida. Entre ellos, los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios. Sus expedientes se empolvan a la espera de que el sistema judicial retome operaciones. Uno de ellos es el caso de la activista Solsiret Rodríguez.
En febrero de este año, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, principales sospechosos del feminicidio de Solsiret, fueron capturados. Desde entonces, cumplen prisión preventiva. En noviembre podrían salir libres tras vencerse el plazo de las indagaciones que quedaron congeladas tras declararse el estado de emergencia sanitaria.
Luego de casi medio año, recién el 14 de agosto se retomaron las diligencias pendientes. La Fiscalía ya cuenta con las declaraciones de los padres de Sol, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar. Así como con las de Yolanda Castillo y Eder Villanueva, madre y hermano del imputado Kevin Villanueva.

La Policía debe recabar las declaraciones de Alexander y Franco Villanueva, padre y hermano del acusado. Este último representa una pieza clave del caso. El reporte de geolocalización de su celular podría desbaratar la historia de la familia Villanueva sobre los sucesos ocurridos aquel 23 de agosto de 2016, fecha en que Solsiret fue asesinada.
Sin embargo, la empresa de telecomunicaciones Movistar, aún no cumple con entregar el reporte que está pendiente desde marzo de 2019. En conversación con Wayka, Edith Aiquipa, abogada a cargo del caso del Centro de la Mujer Peruana Flora, señaló que el fiscal Jimmy Mansilla ha reiterado el pedido de este reporte.
“Alexander y Franco Villanueva estaban citados el mismo día que el resto de testigos, pero se encuentran cumpliendo cuarentena en Ancash, por eso no pudieron acudir. Las autoridades encargadas de las diligencias nos han informado que están gestionando llevar a cabo el interrogatorio por vías digitales”, agregó la abogada.
De la misma forma, está pendiente obtener el testimonio de Brian, expareja de Solsiret, y de realizar la reconstrucción de los hechos. Además de los testimonios de los padres de Andrea Aguirre. Al proceso se sumaría el testimonio de otras dos personas vinculadas al entorno de Andrea Aguirre.
“A raíz de las declaraciones de sus padres, el fiscal ha solicitado que se les llame como testigos, pero sus nombres aún son reservados”, aseguró Aiquipa a Wayka.
La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por el pausado avance del proceso. A finales de la semana pasada envió un oficio a la Fiscalía Superior del Callao, exhortando a cumplir con el principio de celeridad para “garantizar de manera oportuna las diligencias pendientes”.
Edith Aiquipa, advirtió sobre el riesgo de que la investigación sea obstruida al estar en libertad los principales sospechosos. Por ello, el fiscal Mansilla está solicitando que el caso se declare como ‘complejo’ -debido a la cantidad de información y hechos que falta analizar-, para que Kevin Villanueva y Andrea Aguirre continúen en prisión mientras avanza el proceso.
“Hemos demorado casi 4 años para encontrar a mi hija, de la forma cómo la hemos encontrado, y hemos sido nosotros quienes la hemos encontrado. La Fiscalía nunca nos apoyó, y hasta hoy, en plena pandemia, seguimos en lo mismo”, reclamó la madre de Solsiret, Rosario Aybar, en entrevista para Wayka.
Con las investigaciones lentas debido al estado de emergencia y el tiempo en contra por el vencimiento de la prisión preventiva, la familia de Solsiret no solo vive con a la espera de un futuro incierto por causa de la pandemia, sino también por no saber cuánto más tendrán que esperar por justicia.