Chile sepulta la Constitución de Pinochet y el Perú aún mantiene la de Fujimori, por Amanda Meza
Es mayo del 2021 y en medio de una pandemia mundial que ha destapado toda la desigualdad posible generada por el modelo económico neoliberal que se mantuvo durante cuatro décadas, Chile da un paso histórico hacia un cambio de Constitución dejando atrás aquel documento construido por la dictadura de Augusto Pinochet y defendido por años de gobiernos de derecha. Hoy el pueblo chileno se impone con una votación arrasadora en un proceso que empezó en las protestas de 2019 y que en octubre de 2020 se aprobaron en arrasador plebiscito.
155 asambleístas –equivalente a congresistas- redactarán esa nueva Constitución. Ha sido vital la votación de la población para requerir la paridad en los asambleístas elegidos. La izquierda también toma un papel preponderante en la alianza con el pueblo que pedía este cambio a gritos y que costó muchas vidas en las protestas de 2019 por las que el presidente Sebastián Piñera ha sido denunciado ante una Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad.
La Constitución de Pinochet que ha regido Chile nació de la violencia y es violencia lo que ha venido generando en un pueblo que hacia el ex exterior se presentaba como un país como un modelo milagroso, pero en interno vivía la profunda desigualdad en educación, trabajo y salud; muy parecido a los que ha sido el Perú en los últimos 30 años desde la Constitución impuesta bajo golpe de Estado por la dictadura de Alberto Fujimori.
A la Constitución que impuso Pinochet hacia los ochentas, se le critica sobre todo el haber nacido de un clima de terror bajo el régimen militar y por ceder el control del Estado a la élite empresarial. Fujimori también se alió con las fuerzas armadas para defender el autogolpe y uno de los capítulos más controversiales de la Carta Magna que fue cambiado fue la desaparición gradual del Estado como tal.
“La iniciativa privada es libre” se escribió sobre ese documento y podemos decir que esa consecuencia la vemos hoy en plena pandemia cuando varias candidatura presidenciales de derecha –hasta antes de la segunda vuelta- promovían que la vacunación quede en manos del sector privado.
Esa misma Carta Magna, la peruana, es aún la portavoz de la CONFIEP y la voz del pueblo es reemplazada por la de los bancarios y los mineros, entre otros grupos de poder.
El modelo neoiberal no funcionó, Chile toma aire y aspira a una Constitución que les represente. Perú sigue anclado con una clase política mayoritaria de derecha que no permite ningún cambio y defiende sus privilegios. El modelo neoliberal mata también con pobreza y la imposibilidad de acceder a servicios básicos. Como decían en Chile, mata más que el coronavirus.
La encuesta de Ipsos América del 30 de abril arrojó resultados reveladores: un 86% de peruanos quiere cambios en el modelo económico y eso deberá pasar en gran medida por una transformación constitucional. Un 32% incluso quiere cambios radicales y un 54% moderados. ¿Será la clase política capaz de recoger esa necesidad de la gente?
