Segunda marcha nacional: Desaparecidos, agresiones sexuales y violación a derechos humanos

El abuso policial hacia la protesta ciudadana contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino y la crisis política desencadenó una serie de hechos que han sido denunciados como graves violaciones a los derechos humanos.

Roxana Loarte

Las calles del Centro de Lima cubiertas de gas lacrimógeno. Jóvenes heridos por los perdigones lanzados indiscriminadamente por los agentes policiales. Ese fue el escenario en varias avenidas durante la noche del sábado 14 de noviembre. Ese mismo día se había convocado a una marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino, que acabó con la vida de dos jóvenes, cerca de 114 heridos y varios desaparecidos, así como denuncias por violencia sexual a mujeres detenidas.

De acuerdo a un registro elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) -que se actualiza en tiempo real y es de conocimiento público- son 68 los manifestantes reportados en total como desaparecidos durante la segunda marcha nacional. Sin embargo, varias personas ya han podido ser ubicadas, pero todavía se tiene un saldo de 9 desaparecidos (actualización al domingo 15 de noviembre hasta las 9 pm).

Frente al reclamo de los familiares, la CNDDHH solicitó a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ministerios de Defensa y del Interior permita el ingreso de una comisión a los cuarteles de Potao, Barbadillo y la Dinoes. Por su parte el Ministerio Público difundió en su cuenta de Twitter que un equipo de fiscales se encuentra realizando diligencias en cuarteles y sedes policiales para verificar la presencia de desaparecidos en estos lugares. El pronunciamiento lo hizo tras anunciar la apertura de una investigación preliminar en contra de los que resulten responsables por la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado, jóvenes que perecieron por la violencia policial, en el contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos.

En horas de la tarde, el congresista Daniel Olivares pidió a través de sus redes que la Fiscalía solicite a las empresas de telefonía como Movistar, Claro, Entel y Bitel otorguen la relación de geolocalización de los número de las personas que aún están desaparecidas.

Por su parte, Carlos Rivera, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) declaró a Wayka que la actuación del Ministerio Público ha sido tardía y su ausencia durante las primeras horas de registrarse los casos de detenciones y heridos es «injustificable». Remarcó que la Fiscalía es la autoridad competente para realizar el pedido que solicitó el congresista Olivares a las empresas de telefonía. » La autoridad que debería estar haciendo esa solicitud es el Ministerio Público. Esas primeras horas de las personas desaparecidas son fundamentales», precisó.

Violación a los Derechos Humanos

Al menos ocho organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz, el exministro de facto Gastón Rodríguez, el General Jorge Luis Cayas Medina Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.

Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros por identificar.

La denuncia penal a la que Wayka tuvo acceso también menciona que la violencia policial no solo hizo uso de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones, sino también que se realizaron al cuerpo, produciendo un número de más de 100 heridos, donde 63 de ellos requirieron hospitalización.

«Sumándose las referidas informaciones tenemos que más de 140 personas fueron atendidas en hospitales de la red de salud pública por las heridas producidas, a esto debe sumar las personas atendidas en las clínicas privadas por esta misma razón», se lee.

Además, la denuncia no solo se aboca a los hechos del sábado 14 de noviembre, sino hace un registro desde el miércoles 11, dos días después de haberse dado el golpe de Estado por parte del Congreso. También se expone la represión a manifestaciones realizadas en otros distritos de Lima como Miraflores, Los Olivos, Comas, San Miguel y otros. Y la negativa de la PNP de atender los pedidos de organizaciones como la Defensoría del Pueblo para el cese de la violencia durante el día que se registró la mayor escalada de violencia policial.

Rivera, abogado de Aprodeh, alertó que las denuncias por casos de violencia policial contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta deben verse como graves violaciones a los derechos humanos y no como delitos comunes. Comentó que se ha pedido desde las organizaciones de derechos humanos que sea el equipo de fiscales especializados quienes se abocan a investigar las denuncias.

Agresiones sexuales

La denuncia también registra casos de agresión sexual contra dos jóvenes mujeres, quienes fueron detenidas en una imprenta durante la noche del sábado. Una de ellas puso de conocimiento haber sido víctima de violencia sexual lo que ha alertado a las organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas para la investigación sobre estos hechos.

Más adelante se detalla que habrían existido detenciones ilegales durante las protestas, lo que ha generado preocupación, ya que aún existen jóvenes desaparecidos. Sobre esto, Rivera informó que la Policía Nacional se mantiene «cerrada» y no otorga faciliades para la búsqueda, incluso aludió al contexto del conflicto armado donde se realizaron detenciones consideradas como desaparición forzada. «El hecho que haya pasado más de 24 horas de detenciones llama la atención», puntualizó.

PNP sobre desaparecidos

La Policía Nacional emitió un comunicado, en horas de la noche, donde informó sobre la búsqueda de los ciudadanos desaparecidos. En su documento menciona que se ha verificado con personal de la Defensoría del Pueblo que no existiría ninguna persona detenida en las dependencias policiales que se registraron. Sin embargo, Carlos Rivera, aseguró que la PNP continúa mantienen una posición hermética y que este pronunciamiento se tendría que «tomar con cuidado», ya que «están bajo sospecha» porque son parte de los denunciados por la violenta represión.