Graciela Tiburcio Loayza
José Felizardo Zoriano tiene ocho denuncias de violación sexual. Su última víctima fue su hija “Kelly” de 13 años a quien ató de manos al techo e intentó violar en abril de este año. Fue capturado, pero solo pasó veinte días en prisión preventiva. Tres jueces lo liberaron. Ayer, durante la noche, volvió a la casa de su hija e intentó quemarla.
Eran las 8 de la noche en el pueblo cajamarquino de Paltapampa, ubicado en el distrito de Chontalí. José Felizardo esperó a que la madre de sus hijas fuera a comprar para volver a atacarlas. “Kelly” estaba en casa con su hermana menor cuando escuchó ruidos en su techo de calamina.
Al igual que la vez anterior, su padre ingresó por el techo, pero ahora la roció con alcohol y la golpeó en la cabeza. La niña se desmayó. Cuando despertó la casa ya estaba en llamas. El fuego amenazaba con quemar su cuerpo cubierto del inflamable que su padre le había lanzado. Los vecinos lograron sacarla. De José Felizardo no había rastro.
“Él (José Felizardo) me quiere matar. Mis brazos, mis dedos se han quemado. Mis pelitos se han quemado. Se han quemado mis cositas, mis tareas, todo se ha quemado. Me golpeó mi cabeza y me tiró alcohol. Yo ya no quiero estar acá, tengo miedo”, intenta narrar “Kelly” por teléfono. Entre palabra y palabra se escapan gritos de terror cada vez que describe cómo el fuego le quemaba el cuerpo.
“¿Y la policía?”, le pregunta su tía al otro lado de la línea. “Yo me puse de rodillas, le rogué al policía de rodillas, no me hacían caso. Me dijo ¡cállate! Voy a denunciar, le dije. ¡Anda pues!, me gritaba. No me creían, nada me creían”, cuenta la niña mientras su voz continúa ahogada por el llanto.
La Policía fue testigo del incendio. “Kelly” les contó lo sucedido en ese instante, pero solo recibió desprecio de las autoridades que debían protegerla. Irónicamente, seis horas antes, el abogado del Centro de Emergencia Mujer, Juan Barboza, había asegurado a Wayka que la Policía patrullaba la casa de la niña para evitar que su padre vuelva a agredirla.
¿Justicia en cuarentena?
Wayka difundió el caso el 1 de junio y dio a conocer que José Felizardo tenía ocho denuncias de violación a mujeres y niñas en Chontalí. Estas se acumulan desde hace diez años. A pesar de sus antecedentes y que las mismas rondas campesinas testificaron en su contra, él continúa en las calles.
José Felizardo Zoriano le debe su libertad a tres jueces de la Sala Mixta de Apelaciones de Jaén: Leonardo Cipriano Purihuamán, Emiliano Sánchez Bances y Harold Ortiz Carrasco. Fueron ellos quienes revocaron la prisión preventiva en mayo y le dieron comparecencia restringida.
El 4 de junio, día 80 del estado de emergencia por el COVID-19, durante el informe del presidente Martín Vizcarra, un medio de comunicación de Jaén le preguntó por este caso. Aquel día, el primer ministro Vicente Zeballos aseguró que la justicia no estaba en cuarentena.
Pero el mensaje del primer ministro parece no haber sido escuchado por el sistema judicial ni por la Policía Nacional. Hasta el cierre de esta nota, la Policía de Chontalí sigue sin notificar sobre lo sucedido al fiscal de turno de Jaén.
“Kelly” se encuentra en la posta de Chontalí con suero intentando recuperarse del trauma. Pero su padre aún está libre y ella teme que encuentre otra oportunidad para atacarla.
Su nombre pudo sumarse a la lista de más de 20 feminicidios perpetrados en pleno estado de emergencia. Anoche sobrevivió por segunda vez. ¿Cuántas veces más debe ser atacada para que obtenga justicia?
ACTUALIZACIÓN
17/06/2020
Tras difundir el caso, el Ministerio de la Mujer se comunicó con la familia de «Kelly» para brindarle contención emocional. psicológico y asesoría legal. De la misma forma, la Defensoría del Pueblo informó que su módulo defensorial de Jaén ha tomado el caso para hacerle seguimiento.
José Felizardo fue capturado por la Policía de Chontalí. Está en manos de la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial que no vuelva a ser liberado. Ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional se han pronunciado respecto a los policías de Chontalí que se negaron a aceptar la denuncia.
