Redacción Wayka

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre los ataques a las autoridades de las instituciones electorales de Perú, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la denuncia sin pruebas de Fuerza Popular sobre un supuesto fraude en segunda vuelta. La CIDH también se refirió al acoso dirigido al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investiga a la excandidata Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia. 

Tras la derrota de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, según el conteo al 100% de la ONPE, simpatizantes de Fuerza Popular emprendieron una serie de acciones intimidatorias contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Tanto Corvetto como Salas Arenas fueron acosados con manifestaciones de simpantizantes fujimoristas en sus domicilios, debido a la información privada difundida en redes sociales y mensajes de odio contra ellos. 

“La CIDH expresa su preocupación ante las denuncias de intimidaciones o acoso contra autoridades electorales, incluyendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (…). En similar sentido, la Comisión ha recibido información sobre un plantón frente al domicilio de un fiscal anticorrupción, cuya dirección de residencia fue publicada en redes sociales”, sostiene el pronunciamiento de la CIDH del pasado 22 de junio. 

El organismo internacional explicó en su comunicado que la divulgación de información confidencial con fines intimidatorios es conocida como “doxing”. “El doxing tiene el potencial de exponer a las personas a ataques digitales y, además, a vulneraciones en el ámbito físico, incluyendo atentados contra la vida e integridad personal, fomentados por la divulgación de la información personal en el ámbito digital”, señala la CIDH. Frente a esa situación, llamó a que las compañías de internet adopten medidas de prevención y mitigación sobre estos actos de acoso. 

La CIDH también recibió reportes sobre la difusión masiva de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación. Durante el reciente proceso electoral, la CIDH observó expresiones denigrantes que promueven la discriminación por origen étnico-racial o regional, condición socioeconómica y supuestas afiliaciones políticas. “La Comisión recuerda al Estado su deber de garantizar la igualdad y no discriminación respecto de grupos en situación de vulnerabilidad en contextos electorales”, enfatiza la CIDH. 

Como se recuerda, tras la derrota de Keiko Fujimori en segunda vuelta, Fuerza Popular denunció un fraude electoral basado en supuestas firmas falsas y mesas de votación conformadas por presuntos familiares. Al respecto, diversos especialistas y organizaciones que representan a las poblaciones indígenas aclararon que en las zonas rurales del país las personas no usan recurrentemente su firma y que es común llevar un mismo apellido sin ser parientes.

Al respecto, el experto en materia de racismo y discriminación racial de la asociación indígena Chirapaq, Newton Mori Julca, explica: “El tema de los apellidos es bastante común en varias comunidades, más en las indígenas. Hay apellidos recurrentes en Puno, como lo es Catacora. A nuestro modo de ver, hay una práctica sistemática de parte de quienes intentan desconocer lo que justamente pretenden defender, la voluntad popular. Quieren anular la votación de esas mesas a favor de sus intereses”.