José Carlos Ugaz es investigador del Centro de Energías Renovables de la UNI (Red UNI)
El debate de equipos “técnicos” se centró en seis agendas urgentes para la actual situación nacional: gestión estatal, economía, salud, infraestructura, seguridad ciudadana y medio ambiente. Todas ellas corresponden a sectores estratégicos que requieren de políticas de Estado, es decir, políticas que expresan los deseos ciudadanos y que trasciendan las particularidades del gobierno de turno. Un sector estratégico en países desarrollados y en vías de serlo en el Perú es el de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El sector de CTI se concibe para formar recursos humanos altamente calificados, requeridos para un aprovechamiento óptimo de los recursos estratégicos del país en busca del bienestar de la población. Esto se da mediante el constante estudio de la realidad de todos estos sectores en la academia para explicar científicamente los fenómenos y producir tecnologías, procesos e ideas con impacto en la sociedad.
Es fácil confirmar que todo país desarrollado, o camino a serlo, cuenta con un sólido sistema de CTI, donde se destaca un sistema universitario de excelencia con importante producción científica (publicaciones, descubrimientos, etc.) y, consecuentemente, una economía competitiva, industrializada y con productos de alto valor agregado. Todo ello al margen de la postura política e ideológica de sus gobernantes. No es sorpresa que estos países hayan tenido mejor respuesta frente a la pandemia, orientando su industria hacia la producción de elementos de protección y equipos médicos, así como el desarrollo y aplicación de vacunas.
En contraparte, países como Perú se caracterizan por la ausencia (o precariedad) del sistema de CTI: universidades limitadas a la habilitación profesional, con poca investigación, escasa producción científica y, consecuentemente, una economía basada en materias primas y con escaso valor agregado. La competitividad sólo se centra en el recorte de derechos y “costos” laborales, así como en el deterioro del medio ambiente. En consecuencia, economías como la peruana no logran salir del subdesarrollo, aún en periodos de excepcional crecimiento económico mantienen niveles de vida inferiores al de los países desarrollados (miembros de la OCDE) y persisten en modelos de desarrollo insostenibles, expuestos a riesgos ambientales, fluctuaciones de precios internacionales, crisis sociales y políticas, etc. Esto no significa que países desarrollados no enfrenten estos problemas y desafíos, sólo se destaca que Perú está mucho menos preparado para ellos, lo cual se evidenció con la pandemia.
En Perú, la ausencia de política de CTI es histórica y evidencia tres aspectos: Falta de planes del sector, precariedad y escaso financiamiento. La falta de planes deriva del arraigado rechazo a elaborar planes de mediano plazo. Un sistema de CTI no da frutos instantáneos, la innovación de impacto social requiere de estudios previos, formación y calificación de profesionales, experimentos y demás. Nuestras clases dirigentes han ensayado fórmulas poco serias esperando resultados a corto plazo, como si fuese posible cosechar lo que no se ha sembrado. La precariedad en el sector público no es novedad, pero en el caso de la investigación resulta más escandalosa, el régimen laboral ha sido y es inestable, con contratos temporales o mediante recibos por honorarios. No se cuenta con sistema de financiamiento permanente, así no se sabe si un proyecto en curso, más allá de su éxito, podrá continuar y consolidar grupos de trabajo en el mediano plazo.
Durante décadas el estado peruano se ha destacado por “buscar capitales” con el mismo fervor que espanta investigadores de la carrera pública, no sólo por los salarios sino también por el escaso financiamiento que se da a los postgrados (autofinanciados aún en la universidad pública) y la reducida inversión en infraestructura. Esta situación se agrava con la adopción del paradigma neoliberal, que pretende dejar el desarrollo del sistema nacional de CTI al mercado, como si las empresas extractivas y los oligopolios necesitasen desarrollar ciencia para aumentar sus márgenes de ganancia.
La precariedad de nuestro sistema de CTI tiene consecuencias que exceden a este sector. La ausencia de una política para formar RRHH calificados se evidencia en la debilidad de nuestro estado, cuya acción se guía por la lógica del lucro privado antes que por criterios técnicos orientados a la atención de problemas. En el mejor de los casos, los “tecnócratas” del MEF ejecutan el presupuesto con criterios de costo-beneficio marginal antes que garantizar la atención de la demanda social. Igual de grave es la incapacidad del estado para regular técnicamente aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos: transporte, manejo de residuos, construcción y oferta de vivienda, entre otros. Finalmente, debe destacarse que la carencia de una academia se expresa en un debate político mediocre, caracterizado por la defensa dogmática del modelo, la descalificación y criminalización de las ideas críticas y de cambio. Así, la precariedad de nuestro sistema de CTI resulta funcional a los intereses de los grupos de poder económico y político que hoy se oponen a cualquier cambio.
Sin embargo, la exigencia social por cambios persiste y, a pesar de la desatención de los gobernantes, al menos tuvo cierto eco en la política de CTI durante unos años. La gestión 2011-2017 de CONCYTEC fue una excepción que posibilitó la incorporación de profesionales de CTI al sistema universitario peruano y se tradujo en una mejora de los indicadores de producción científica. Si bien estamos lejos de contar con un sistema consolidado, la aparición de una academia joven ha contribuido al debate de políticas públicas. No es sorpresa que mayoritariamente este sector afronte con interés las demandas sociales y comprometa sus competencias y esfuerzos en plantear alternativas de cambio. Incluso si sectores como la economía permanecen reacios a un debate más profundo, es cuestión de tiempo para que las exigencias sociales encuentren voz en este sector de la academia. Por ello, la construcción de un sistema nacional de CTI es una lucha que debe congregar los esfuerzos de todos los sectores progresistas del país.
