Por Álvaro Meneses
La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular), a menos de un mes de la segunda vuelta electoral en la que compite con Pedro Castillo (Perú Libre) por el sillón presidencial, firmó en un programa dominical un juramento por la democracia impulsado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Conferencia Episcopal Peruana, la Asociación Civil Transparencia y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas.
Cinco años antes, en la segunda vuelta electoral en donde se enfrentaba a Pedro Pablo Kuczynski, la misma Keiko Fujimori también firmó un ‘Compromiso de honor con el Perú’, en el que prometió respetar el orden democrático, a luchar contra la corrupción, a reparar a las víctimas del conflicto armado interno, a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva, a respetar la no reelección presidencial y descartar un próximo golpe de Estado como el ocurrido el 5 de abril durante el gobierno de su padre, el dictador Alberto Fujimori.
Sin embargo, pese a que Keiko Fujimori no llegó a Palacio de Gobierno, su bancada en el Congreso, que seguía sus órdenes como demostraron los chats filtrados de “La Botika” y sus votaciones, se encargó de romper cada uno de sus compromisos en los cinco años siguientes. Promesas que se rompieron como el documento que fue: un papel.
ÓRDENES DE FUJIMORI
La filtración de las conversaciones en un chat llamado “La Botika”, a mediados del 2018, pusieron en evidencia el nivel de coordinación entre Keiko Fujimori y su bancada en el Congreso para atacar a otros legisladores considerados enemigos o incómodos, así como para coordinar una votación en bloque a favor de blindar a los magistrados investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto.
En uno de esos chats se lee un mensaje del parlamentario fujimorista Mario Mantilla que dice: “Tania Pariona en Exitosa nos ha calificado de mafia organizada al Congreso por haber aprobado ley de 80 años”. Y a los dos minutos, su compañera de partido, Karina Beteta, responde: “Debemos denunciar a (la Comisión de) ética y sancionar, solo así van a respetar”. Y Mantilla agrega: “Estamos en momentos de quiebre, ya es momento de hacer sentir nuestra mayoría, basta con los arrinconamientos y estar pendiente de lo que digan o no digan. Igual nos joden”.
El nivel de autoridad y coordinación de Keiko Fujimori al interior del chat “La Botika” se conoció a detalle la mañana del pasado 24 de octubre de 2018, cuando se difundieron conversaciones del 28 de julio de ese año, cuando el expresidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación con énfasis en la lucha anticorrupción y en la reforma política a la que Fuerza Popular se opuso.
En esa ocasión, la excongresista Alejandra Aramayo preguntó: “Pdta aplaudimos al pdte no?”. Y Keiko Fujimori responde: “Sí. De pie y con aplausos protocolares. Por esos mismo días, en plena juramentación de la mesa directiva del Congreso conformada por Daniel Salaverry, Yeni Vilcatoma y Segundo Tapia, Fujimoi ordena: “Héctor (Becerril) y Milagros (Salazar), acérquense para decir que no hagan arengas”.
PROMESA POR LA DEMOCRACIA
Por lo menos dos de las siete promesas incluidas en el Compromiso de Honor con el Perú que firmó Keiko Fujimori el 3 de abril de 2016, estuvieron relacionadas al “respecto irrestricto del orden democrático” y a la “independencia de Poderes”. Ambos juramentos se violaron a lo largo del periodo legislativo en el que Fuerza Popular fue mayoría en el Congreso.
Una de las principales disputas emprendidas por el fujimorismo desde el Congreso fueron dirigidas al control y manejo de los otros poderes del Estado. En noviembre de 2017, en el prólogo de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, la bancada de Fuerza Popular de 73 miembros impulsó la destitución del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y otros cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que no resolvían a favor de sus intereses.
El golpe hacia ambas instituciones vino después de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó reabrir la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez, financista y exsecretario general de Fuerza Popular, por nueva información revelada por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) relacionada al lavado de dinero. En el Tribunal Constitucional, en cambio, cuatro magistrados votaron a favor de que se declare inaplicable una parte de la denominada “Ley Antitránsfuga”, promovida por el fujimorismo con el fin de retener a los congresistas en sus bancadas y se mantengan como mayoría.
Esa ocasión no fue la única vez que el fujimorismo tuvo en la mira al Tribunal Constitucional. El 30 de setiembre del 2019, pese a que el Ejecutivo había enviado un proyecto de ley que proponía mayor transparencia en la elección de magistrados para el TC, Fuerza Popular, en coordinación con otras bancadas, hizo caso omiso del pedido y forzó la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos de Olaechea, primo del exparlamentario Pedro Olaechea.
Ese choque entre el Ejecutivo y la mayoría fujimorista terminó en la disolución del Congreso. Y los parlamentarios de ese periodo lo recuerdan. “Cuando Pedro Olaechea llega a la mesa directiva del Congreso, retoma el tema y le pone el acelerador. La instalación de la Comisión Especial para elegir a los magistrados del TC y el proceso de elección, que toma varios meses, se hizo en un par de semanas. Denunciamos una elección express. Esa era la segunda vez que el fujimorismo quería cambiar a los magistrados del TC incómodos que no resolvían a favor de sus normas inconstitucionales”, recuerda Indira Huilca, una de las pocas congresistas que se opuso y denunció dicho proceso.
“Todo ese día fue algo que no se debe olvidar. Desde muy temprano fue muy intimidante. Olaechea intentó imponer la votación de los magistrados sin debate, era algo insólito y que nunca se hace en un Pleno del Congreso. Eso lo hizo para que Salvador del Solar, que sabíamos que vendría, tampoco hable. Y cerraron todas las puertas del hemiciclo. Nos comunicaron que no dejaban entrar a nadie más, incluso a trabajadores de nuestros despachos. Yo presenté una moción de censura contra la mesa directiva y a partir de eso, y luego de un forcejeo en las puertas, es que logra entrar Salvador del Solar”, rememora Huilca.
ANTICORRUPCIÓN CERO
Desde el Congreso, Fuerza Popular también se encargó de blindar a varios personajes requeridos por la justicia. Uno de los casos más escandalosos fueron las votaciones a favor de varios magistrados investigados por el caso Cuellos Blancos del Puerto, como el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi y el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Ambos fueron blindados de la acusación por organización criminal, que que le permitió a Hinostroza mantenerse prófugo en España.
Chávarry, por su lado, se salvó de una suspensión de su cargo en el Ministerio Público tras el blindaje del exparlamentario de Fuerza Popular, César Segura, quien presidía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Al respecto, la abogada de Justicia Viva, Cruz Silva del Carpio, lo recuerda ampliamente. “Fue el blindaje a César Hinostroza y Pedro Chávarry, evidenciado con los chats de La Botika”, las denuncias de Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma contra los fiscales Pablo Sánchez y José Domingo Pérez por el avance de las investigaciones en el caso Lava Jato. También se entrometieron en una elección del CNM, con Becerril yendo a la casa de Guido Aguila para pedirle al exconsejero Baltazar Morales que vote por el candidato del fujimorismo, Gutiérrez Pebe”, comenta la abogada a Wayka.
“No olvidar que el cierre del Congreso se dio al impulso antojadizo de cierta integración del TC, la última repartija de ese Congreso. Así es como lucha el fujimorismo para promover instituciones de la justicia independientes e imparciales”, agrega Cruz Silva, de Justicia Viva.
9 DE NOVIEMBRE
El último compromiso escrito que suscribió Keiko Fujimori en 2016, en referencia al golpe de Estado ejecutado por su padre en 1993, fue: “Nunca más un 05 de abril”. Si bien no hubo un golpe de Estado en esa fecha, sí lo hubo el 9 de noviembre del 2020. En ese segundo intento de vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra, por las presuntas irregularidades que dieron a conocer un paquete de audios difundidos por el congresista Edgar Alarcón, Fuerza Popular consiguió aliarse con Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Unión Por el Perú y el Frepap.
Tras la caída de Vizcarra, el congresista Manuel Merino de Lama (Acción Popular) asumió la presidencia interina. Dicho ascenso generó el rechazo de un país que protestó durante seis días seguidos y se enfrentó contra la represión policial que dejó un saldo de dos fallecidos, más de 200 heridos y decenas de desaparecidos por hasta cuatro días.
