Ciudadanía denuncia que presunto violador de niña awajún de 7 años sigue prófugo

Por: Silvia Bardales Q.

La crisis de violencia sexual contra las infancias indígenas en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, expone una alarmante problemática en el Perú: la desprotección sistemática de los sectores más vulnerables. Cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) revelan que, durante el año 2025, los Centros Emergencia Mujer (CEM) registraron más de 18,000 casos atendidos por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. En lo que va del año 2026, la cifra acumulada de casos de violencia sexual ya supera los 12 026 de nuevos reportes a nivel nacional hasta mayo de este año, siendo las zonas rurales y comunidades amazónicas las más desatendidas por las demoras procesales y la falta de infraestructura especializada.

En julio de 2026, tres alarmantes hechos estremecieron a las comunidades de la zona. En el sector de Pantam Entsa, una niña awajún de siete años lucha por su vida tras sufrir un grave ataque contra su integridad. El presunto agresor, identificado como Darwin Chup Wasum (padrastro de la menor), fue capturado en primera instancia por la comunidad y entregado a las rondas campesinas; sin embargo, ante la falta de llegada de la Policía Nacional del Perú (PNP), huyó y actualmente se encuentra en calidad de prófugo. Tras la exigencia de las organizaciones indígenas, la niña fue trasladada a Bagua para recibir atención médica especializada y pasar por Cámara Gesell.

Paralelamente, en la residencia estudiantil Ciro Alegría, se denunciaron tocamientos indebidos a dos adolescentes de 16 años por parte de dos presuntos implicados pertenecientes a la base militar del sector, los familiares de las menores han alertado presuntas amenazas de muerte tras iniciar las denuncias. Asimismo, el 28 de julio, en la comunidad de Achu, una menor de 11 años sufrió una agresión presuntamente cometida por su tío materno. La atención inmediata tropezó con la falta de insumos médicos, la ausencia de un médico legista por feriado y la inutilización de las embarcaciones del CEM y del SAR.

Desde la perspectiva del antropólogo Diego Portillo, estos abusos deben abordarse de manera integral. Desde el plano de la salud mental, Portillo remarca que los casos “se producen en contextos donde las niñas enfrentan relaciones profundamente desiguales de poder, dependencia respecto de los adultos y ausencia de instituciones capaces de prevenir, detectar y responder”. Añade que “la atención debe ser especializada, intercultural, sostenida y alcanzar también a las familias, evitando que las niñas tengan que repetir innecesariamente su relato ante diferentes autoridades”.

A nivel institucional y de derechos humanos, el especialista enfatiza que “la distancia geográfica no puede convertirse en una justificación para ofrecer una protección de menor calidad». Argumenta que las deficiencias logísticas exacerban «una discriminación territorial, étnica, etaria y de género que se acumula una tras otra”, requiriendo voluntad política real y presencia efectiva del Estado en el territorio para frenar la impunidad estructural.

Frente al abandono estatal denunciado desde el año 2024 —cuando autoridades del Ejecutivo desatinadamente calificaron estas agresiones como «prácticas culturales»—, la ciudadanía movilizada busca generar conciencia. Ilvana Baltuano Caldas, estudiante de antropología social en la UNAP e integrante de la colectiva organizadora junto a sus compañeros Andrés Ruiz Torres, Elizabeth Yahuarcani y Lizzy Peña López, explica que la iniciativa surge para visibilizar una problemática histórica visibilizada en investigaciones académicas desde inicios de los 2000. “Exigimos que el Estado y el gobierno actúen para estar presencialmente en las comunidades, que haya apoyo de personal de salud, educación sexual integral y justicia para los niños y niñas violentados”, precisa Baltuano.

Convocatoria a las jornadas de acción y protesta

Para articular la indignación en propuestas y movilización ciudadana, la colectiva organizadora invita a la comunidad a participar en dos actividades centrales. De lunes a jueves, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., se llevará a cabo la preparación de pancartas en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Asimismo, el sábado 8 de agosto se realizará a las 9:00 a. m. una mesa redonda de debate y análisis sobre el caso en el Colegio de Abogados (de libre acceso), para culminar el mismo día a las 4:00 p. m. con un plantón frente a la sede del Poder Judicial en la Plaza 28.

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