Fiscalía abre investigación por crímenes de lesa humanidad a soldado israelí que vacaciona en Perú
Perú responde al derecho internacional. El Ministerio Público ha abierto formalmente una investigación penal contra el ciudadano israelí Adi Karni, presuntamente implicado en crímenes de guerra, de lesa humanidad y actos de genocidio durante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza entre 2023 y 2024.
La denuncia fue presentada por el abogado peruano de derechos humanos Julio César Arbizu González, en representación de la Fundación Hind Rajab (HRF), una organización con sede en Bruselas que impulsa acciones legales globales contra autores de crímenes internacionales cometidos contra la población palestina.
Según Arbizu, el soldado israelí denunciado formaba parte del Cuerpo de Ingenieros de Combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unidad acusada de desempeñar un papel clave en la destrucción sistemática de barrios enteros en Gaza.
«Las evidencias que hemos presentado a la Fiscalía incluyen fotos, videos y publicaciones del propio soldado en redes sociales, donde se le ve manipulando detonadores y celebrando la destrucción de objetivos civiles», explicó Arbizu en entrevista con Wayka.
Asimismo, el abogado detalló que las imágenes fueron proporcionadas por la Fundación HRF, como parte de una amplia base de datos recopilada mediante inteligencia de fuentes abiertas.
Una denuncia amparada en el principio de jurisdicción universal
La investigación fue presentada en la sede fiscal de Lima hace dos semanas y se sustentó en el principio de jurisdicción universal, recogido en tratados internacionales como el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, de los cuales Perú es signatario, por lo que se le permite procesar a responsables de crímenes internacionales, incluso si los hechos no ocurrieron en su territorio y los acusados no son ciudadanos nacionales.
“Los Estados firmantes están obligados a iniciar investigaciones y, de ser el caso, procesos judiciales contra personas involucradas en crímenes atroces, sin importar dónde ocurrieron. Perú no solo tiene la facultad, sino también la obligación internacional de actuar”, subrayó Arbizu.
Tras presentar la denuncia, el abogado denunció falta de respuesta inicial por parte del Ministerio Público. “Tuve que decirlo públicamente en una entrevista televisiva para que la Fiscalía reaccionara”, afirmó.
Al día siguiente de hacer pública la denuncia, la Fiscalía dio trámite y la derivó a la Fiscalía de Derechos Humanos, que a su vez la remitió a la sede fiscal de Ica, ya que la última ubicación conocida del soldado era en la zona turística de Huacachina.
Sin embargo, Arbizu señala que presentó un escrito formal solicitando que el caso se mantenga en Lima, alegando que, al tratarse de una aplicación de jurisdicción universal, no debe restringirse a criterios territoriales.
Un llamado global
La Fundación Hind Rajab ha señalado que el Cuerpo de Ingenieros de Combate de Israel no es una simple unidad de apoyo logístico, sino uno de los principales ejecutores de la campaña genocida en Gaza.
“Lejos de ser una unidad de apoyo, el Cuerpo de Ingenieros ha actuado como un brazo operativo central de destrucción, reduciendo sistemáticamente áreas civiles a escombros, borrando comunidades enteras y volviendo inhabitables grandes franjas de Gaza. Esta unidad, a través de sus acciones, se ha convertido en uno de los mecanismos principales de la maquinaria genocid”, señalan en su página web
Ante este contexto, HR Fondation ha logrado ubicar que los miembros de este equipo han salido de Israel para vacacionar en otros países, por lo que ha iniciado una ofensiva legal internacional con cientos de expedientes individuales que están siendo presentados progresivamente ante tribunales nacionales de distintas partes del mundo.
En Latinoamérica, los países de Argentina, Chile, Brasil y Colombia también se han presentado estas denuncias lideradas por la organización con apoyo de abogados locales de cada país. Hasta el momento, solo el Tribunal de Brasil ha emitido una orden para que la policía investigue y tome medidas contra uno de los soldados sospechosos de este equipo israelí.
“La apertura de esta investigación en Perú demuestra que nuestras acciones legales no son simbólicas, sino que tienen consecuencias jurídicas reales. Es un precedente poderoso que afirma que ningún perpetrador de crímenes atroces debe sentirse protegido por la distancia o la complacencia diplomática”, afirmó Dyab Abou Jahjah, presidente de la Fundación Hind Rajab.
Finalmente, el abogado Arbizú destacó que esta labor le recuerda a lo que hizo en su momento la comunidad judía, quiénes después del Holocausto se organizaron para ubicar y procesar a criminales nazis refugiados en distintos países. “Se repite la historia solo que esta vez los victimarios son los judíos”, enfatizó.
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