Roque Bravo Basaldúa fue asesor principal de la Comisión Lava Jato, que quitó responsabilidad a Alan García en megacaso de corrupción. Andrés Salas fue dirigente de Renovación Popular y lo señalaron como responsable administrativo en irregularidad hallada en la Marina. Sus sueldos y el de un técnico generaron un gasto de más de S/ 62 mil en tres meses.
Nicol León
Durante sus primeros tres meses de funcionamiento, la Comisión investigadora del Congreso, que indaga el proceso electoral 2021, generó un gasto de S/ 62 625 por los sueldos de dos asesores y un técnico, a quienes se les encomendó buscar supuestas irregularidades en las últimas Elecciones Presidenciales y Congresales, pese a que el Poder Judicial, la Fiscalía y observadores internacionales concluyeron que no hay evidencia de un “fraude electoral”.
La comisión investigadora, presidida por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, contrató a los asesores Roque Bravo Basaldúa y Andrés Salas Jaén, quienes tienen cuestionamientos por trabajos previos que realizaron en el Congreso de la República y en la Marina de Guerra del Perú, respectivamente.
Bravo Basaldúa fue asesor principal de la Comisión Lava Jato y firmó como autor del informe final que libró de responsabilidad penal a Alan García en el megacaso de corrupción. Como asesor, ponía trabas para que congresistas de oposición y sus asesores participen de la indagación, según testimonio. En tanto, Salas Jaén es un exmarino y fue dirigente de Renovación Popular durante la campaña electoral 2021; quien además, carece de experiencia en material electoral. La Contraloría General pidió que le abran un proceso administrativo sancionador por una irregularidad hallada en la Marina de Guerra del Perú.
Como asesores, ambos reciben un sueldo mensual de S/ 7 789, según información del área de Administración de Personal del Congreso de la República. El técnico Federico Muñiz Salmón también trabaja junto a ellos y percibe una remuneración mensual de alrededor de S/ 5 297.
COMISIÓN INNECESARIA
El jueves 27 de setiembre de 2021, la Comisión Investigadora del proceso electoral se instaló sin representantes de las bancadas Podemos Perú ni Somos Perú-Partido Morado.
Dos meses después, el 17 de noviembre, Jorge Montoya, presidente de la comisión, envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en el que precisó que el grupo de trabajo que dirige tiene el objetivo de hallar actos de corrupción durante el último proceso electoral y proponer modificaciones a la legislación electoral que “habrían sido usados para cometer presuntas irregularidades a investigarse”.
Esta comisión investigadora genera gastos al Congreso para hallar “irregularidades” que ya fueron desmentidas por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, presidido por la magistrada Elizabeth Salas, quien determinó que no hubo fraude electoral y por lo tanto no debían repetirse los comicios de la segunda vuelta.
El pasado viernes 14 de enero de 2022, distintas fiscalías provinciales comunicaron que no hallaron pruebas de fraude electoral. Notificaron al JNE que, tras realizar investigaciones preliminares, determinaron que no se falsificaron firmas de miembros de mesa, una acusación que Keiko Fujimori usó como argumento para negar los resultados de las elecciones de 2021.
La asociación Transparencia tampoco observó signos de un fraude sistemático, tal como lo aseguró la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Sí aclararon que detectaron incidentes aislados.
José Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, precisa que estos incidentes se han observado en anteriores procesos electorales realizados en regiones. Pero en ningún caso repercutió en el resultado final ni evidenció un fraude electoral.
“Una cosa es que hayan indicios y otra es que hayan acreditado los supuestos fraudes. (…) Se parte de premisas que no están acreditadas. No hay pruebas de que se hayan dado suplantaciones de identidad, no hay pruebas que demuestren que un tercero votó por alguien o que varios votaron suplantando personas”, asegura.
Otro objetivo de la comisión investigadora es modificar la legislación electoral. Sin embargo, Villalobos aclaró que el Jurado Nacional de Elecciones ya se encarga de hacer los cambios a las leyes después de analizar casos de inconvenientes presentados en los procesos electorales, por lo que consideró innecesaria la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.
“No creo que se necesite una comisión investigadora para arribar a propuestas de modificación legislativa electoral porque eso puede trabajarse en el seno de la Comisión de Constitución, como antes ya se ha hecho. Antes, se han creado grupos de trabajo de reforma electoral que han presidido en su momento Otárola, Chehade, Gastañadui, entre otros”, añadió.
DUDOSOS PERFILES
En octubre de 2021, la comisión investigadora contrató a los asesores Roque Bravo Basaldúa y Andrés Salas Jaén. El primero fue asesor principal de la Comisión Lava Jato, cuestionada por blindar a Alan García, y el segundo no cuenta con experiencia laboral en materia electoral, además de aparecer como responsable administrativo de una irregularidad hallada por la Contraloría General de la República en la Marina de Guerra del Perú.
Roque Bravo se desempeñó como asesor principal de la Comisión Lava Jato y como tal ganaba mensualmente S/ 14 237. Firmó como autor del informe final de la Comisión Lava Jato, que no concluyó abrir una investigación contra Alan García por diversos casos de corrupción en los que habría estado inmerso cuando fue presidente de la República. En el documento, tampoco se recomendó la apertura de una indagación en su contra, a pesar de que el Equipo Especial Lava Jato halló suficientes indicios para continuar con la investigación fiscal y pedir prisión preventiva en su contra.
En el informe de la Comisión Lava Jato, se explica que no recomiendan abrir una acusación constitucional contra García porque el plazo para hacerlo venció en 2016 y el documento se presentó en agosto de 2018.
Una fuente que laboró en esta comisión conversó con Wayka acerca del método de trabajo del asesor Roque Bravo. Mencionó que puso trabas para que los parlamentarios de la oposición y sus asesores, quienes integraban esa comisión, participen de la investigación y accedan a la información de Alan García.
“Cuando ibas donde Bartra, ella te decía que converses con sus trabajadores. Ibas donde sus trabajadores y te decían que no había responsables. No facilitaban la información. (…) Ellos eran dueños de la información”, mencionó una fuente que pidió mantener en el anonimato su identidad por temor a represalias.
Por esto, los congresistas afectados realizaron sus propios pedidos de información para elaborar un informe en minoría. Al respecto, el excongresista Humberto Morales, quien conformó la comisión por ese entonces, pudo confirmar a Wayka esta información.
Joel Campos, abogado especializado en derecho parlamentario, explica que los responsables del informe final de una investigación realizada en una comisión del Congreso son los legisladores que la componen y que, por lo tanto, los parlamentarios y sus asesores debían acceder a la información sobre los investigados.
“Estos (congresistas de una comisión investigadora), para cumplir con su tarea, cuentan con el apoyo de un equipo técnico conformado por asesores y asistentes. Pero en estricto la responsabilidad de la investigación recae sobre los propios congresistas”, agrega Campos.
Andrés Salas Jaén es otro asesor de la comisión investigadora del proceso electoral 2021. Se trata de un exmarino que, durante la campaña electoral, se desempeñó como dirigente de Renovación Popular.
Carece de experiencia en materia electoral. En el buscador de proveedores del Estado, figura como docente contratado por el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú entre el 2016 y 2018.
En 2020, ocupó el cargo de director de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Como tal, se encargaba de la gestión de recursos humanos.
En ninguno de los casos se ocupó de temas vinculados a la legislación electoral peruana. Sin embargo, fue contratado como asesor de la comisión investigadora que pretende hacer cambios de materia electoral, puesto por el que recibe mensualmente S/ 7 789.
La Contraloría General de la República lo halló como responsable administrativo luego de que realizaron una auditoría en los Servicios Industriales de la Marina de Guerra del Perú, en 2015.
Wayka solicitó al congresista Jorge Montoya información sobre el plan de trabajo de la comisión investigadora del proceso electoral 2021, que él preside. Respondió que no puede brindarnos detalles porque, según el artículo 88 del reglamento del Congreso, las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas. Hasta el cierre de la nota, se desconoce qué informes y actividades realiza la comisión. Tampoco se sabe qué supuestos hallazgos tendrían para sostener el falso discurso de «fraude electoral», y por lo tanto; su existencia.
