Misión Especial enviada por el papa Francisco para investigar al Sodalicio también escuchó las demandas de los comuneros de Piura quienes vienen luchando por la posesión de sus tierras desde el 2011
Malú Ramahí / Wayka
El pasado 26 de julio, seis comuneros partieron desde Piura hasta la ciudad de Lima para reunirse con una misión especial enviada desde el Vaticano para investigar al Sodalicio de Vida Cristiana. Esta delegación también investiga las denuncias de abusos sexuales en los que se encuentra involucrada la organización religiosa del fundador Luis Figari. Durante la audiencia, las y los comuneros pidieron al papa Francisco la disolución del Sodalicio.
Cabe recordar que la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio, presentó en el 2014 una denuncia por usurpación de tierra contra 10 comuneros.
Los comuneros acusan a la ACSB de querer apropiarse de sus tierras a través de acuerdos realizados a espaldas de la comunidad. Actualmente el caso se encuentra judicializado en estado de apelación.
Luego de la reunión, las y los comuneros pidieron la devolución de sus tierras, el cese de la criminalización por ser defensores ambientales; además de una pronta investigación y sanción por la muerte de Guadalupe Zapata Sosa (2011) y Luis Pasache Zapata (2017), comuneros que fallecieron defendiendo sus tierras.
“Venimos luchando con empresas que nos han hecho mucho daño. Le hemos explicado a los enviados por el papa toda la problemática. Nosotros solamente queremos justicia, no hemos cometido ningún delito. Yo pido que esta organización (Sodalicio) desaparezca de una vez”, dice Marcelino Inga, uno de los comuneros invitados para dar su testimonio.
Asimismo, las y los comuneros exigieron acceso a una reparación integral por la vulneración de sus derechos fundamentales, ya que muchos de ellos han sido criminalizados a través de denuncias.
“Yo tengo 15 denuncias, por usurpación, por hurto agravado, por terrorismo, todo por las tierras. Quieren que les dejemos las tierras. El papa ya se está enterando de toda la injusticia que hemos pasado, yo me siento más aliviada. La justicia divina tarda perso nunca olvida”, dice Paula Sandoval, comunera denunciada que también viajó a Lima.
Carlos Rodríguez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que «viene acompañando el caso en el ámbito legal. La persecución contra las y los comuneros se viene dando desde el 2011 y no ha cesado hasta la actualidad. La misión enviada por el Vaticano ha recogido los testimonios de manera asertiva”.
Las mujeres y hombres de campo que llegaron hasta la sede de la Nunciatura Apostólica en el distrito de Jesús María fueron Marcelino Inga, Valeria Silupú, Paula Sandoval, Santos Maza y su hijo Percy Maza. También fue invitada Fiorela Martínez, viuda de Guadalupe Zapata. En la reunión también estuvieron presentes Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH y Carlos Rodríguez.
El monseñor Charles Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu, integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fueron los encargados de realizar la audiencia y recibieron documentación que acredita la falta de acceso al sistema de justicia de los denunciantes. Ahora queda pendiente el informe que será entregado al papa Francisco,con el cual los comuneros esperan que se respete el derecho a la justicia de todas las víctimas del Sodalicio.
