Redacción Wayka
El pasado 13 de junio, por casi cinco horas, el premier Salvador del Solar escuchó las demandas de cerca de cuarenta dirigentes indígenas de la Amazonía, en representación de las más de 100 comunidades afectadas por los derrames petroleros.
La reunión llevada a cabo en San Cristobal, una comunidad ubicada a pocos minutos de la base principal del Lote 8 donde opera Pluspetrol, tuvo la presencia de los titulares del Ministerio de la Mujer; los viceministerios de Gobernanza, Hidrocarburos (Minem), Salud Pública (Minsa), además de los directores de Saneamiento y Propiedad Rural (Minagri) y del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Según el pronunciamiento de las comunidades afectadas, la reunión sostenida con el premier y los titulares de diferentes ministerios no consiguió resolver el descontento. “Estamos aquí porque es un derecho, por culpa del Estado y las empresas, nuestros territorios están afectados (…) ¡Mira el daño, escucha nuestras demandas!», exclamó en esa reunión el dirigente Aurelio Chino.
Promesas pendientes
Entre sus demandas, los dirigentes indígenas reclamaron por la demora del Informe Final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico realizado en 2016, el cual se realizó para medir los daños de los derrames de petróleo sobre las comunidades del Amazonas aledañas a los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira.
Por su parte, Salvador del Solar precisó que el informe ya se encuentra en la PCM y expresó su compromiso en hacerla llegar a las federaciones indígenas en una próxima reunión agendada para los primeros días de julio.
Otras de las medidas que anunciaron desde la PCM fue la reactivación del proyecto de Titulación de las Cuatro Cuencas, con el fin de titular a casi 40 de las 110 comunidades identificadas. Desde el 2015, año en que se firmó el acuerdo para ese proyecto, solo se han titulado 20 comunidades.
Sin embargo, para los dirigentes de las comunidades afectadas, lo anunciado por los representantes del Ejecutivo es insuficiente. “Los recursos que sacan de nuestros territorios es para todo el país, por eso pensamos que el Estado debe promover nuestro desarrollo”, sostuvo el dirigente Carlos Sandi.
Como se recuerda, desde hace semanas, más de 100 comunidades indígenas del Amazonas se pronunciaron contra los abusos y amenazas de la empresa canadiense Frontera Energy, dedicada a la extracción petrolera en el Lote 192 desde fines de 2015, contra la comunidad José Olaya.
