Comunidades amazónicas exigen al Congreso aprobar ley para remediar 119 sitios contaminados por petróleo
Por Silvia Bardales Q.
Después de más de una década de espera, organizaciones indígenas de la Amazonía peruana llegaron al Congreso de la República para exigir la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE, una iniciativa que permitiría destrabar recursos públicos destinados a la remediación de 119 sitios contaminados por la actividad petrolera en Loreto.
La propuesta busca modificar las restricciones que actualmente impiden utilizar fondos ya existentes para rehabilitar territorios afectados por décadas de explotación de hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
El pedido es impulsado por las organizaciones que integran la plataforma PUINAMUDT, conformada por pueblos quechuas, kichwas, achuar, kukama y urarina que habitan en las zonas de influencia de los lotes petroleros 8 y 192.
«Son territorios afectados por más de 50 años de actividad petrolera. Desde 2015 venimos luchando para lograr la ansiada remediación de nuestros territorios dañados y hasta ahora no podemos hacerlo», señaló Alfonso López, presidente de la Asociación para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tiquisio (Loreto), durante una movilización realizada frente al Congreso.
Una década esperando
La demanda indígena tiene como antecedente la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, establecido mediante la Ley N.° 30321 en 2015 para financiar acciones de recuperación en zonas impactadas por la actividad petrolera.
Sin embargo, diez años después, los avances han sido limitados. Según las organizaciones indígenas, de los 146 sitios impactados priorizados por el Estado peruano, únicamente 27 cuentan actualmente con procesos de remediación en marcha, todos ubicados en el Lote 192. Los otros 119 continúan sin atención efectiva.
La principal razón es una restricción normativa aprobada en 2019 mediante la Resolución Ministerial N.° 376-2019-MINEM/DM, que vinculó los recursos del fondo únicamente a una lista específica de sitios contaminados. Esto ha impedido incorporar nuevos lugares afectados identificados posteriormente por las autoridades ambientales.
«Hemos logrado que existan fondos para atender la contaminación, pero lamentablemente no se pueden utilizar porque hay una ley que no lo permite. Lo que estamos planteando es una modificatoria para flexibilizar el uso de esos recursos y que puedan destinarse a los 119 lugares contaminados que siguen esperando atención», explicó López.

Foto: Difusión
¿Qué plantea el proyecto de ley?
El Proyecto de Ley N.° 13084/2025-PE plantea facultar al Ministerio de Energía y Minas para actualizar anualmente la relación de sitios priorizados, establecer metas de intervención y permitir que los recursos ya transferidos sean utilizados en la elaboración de planes de rehabilitación, estudios técnicos y ejecución de obras de remediación.
Para las organizaciones indígenas, la aprobación de esta norma representa una oportunidad para cumplir compromisos asumidos por el Estado durante los procesos de consulta previa relacionados con las actividades petroleras en la Amazonía.
Juan Montero García, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes y afluentes (FECONACO), recordó que las comunidades llevan años esperando respuestas frente a los impactos ambientales acumulados.
«Han pasado más de diez años desde que los pueblos indígenas empezamos a exigir la remediación ambiental. Esta contaminación ha hecho mucho daño a las comunidades que viven en las zonas petroleras. De los 146 sitios identificados por el Estado, solo 27 tienen algún avance y 119 siguen sin ser atendidos», afirmó.
Los dirigentes advierten que la falta de remediación afecta directamente la salud de las comunidades y los ecosistemas de los que dependen para su subsistencia. Diversos estudios realizados en las cuencas petroleras de Loreto han documentado la presencia de contaminación en suelos, quebradas y cuerpos de agua utilizados por las poblaciones indígenas.

Foto: Difusión
Aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen favorable del proyecto, las organizaciones expresaron preocupación porque el texto sustitutorio eliminó algunos mecanismos considerados clave para garantizar el uso efectivo de los recursos ya disponibles.
Por ello, hicieron un llamado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que la iniciativa sea incorporada en la agenda del Pleno y debatida antes del cierre de la legislatura.
«No estamos pidiendo nuevos recursos, sino que se permita utilizar los fondos que ya existen para remediar los sitios contaminados que continúan afectando la salud, el ambiente y la vida de nuestros pueblos», enfatizó Montero.
Para las comunidades amazónicas, la aprobación de esta ley no solo representa una decisión administrativa. Después de más de 50 años de actividad petrolera y una década de promesas incumplidas, la remediación ambiental es vista como una deuda histórica que el Estado aún mantiene con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
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