Mirtha Vásquez
Abogada de Aprodeh y Grufides
Artículo publicado en Noticias Ser
Pablo de la Flor, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, salió a decir esta semana que “la empresa minera Las Bambas, que opera en Apurímac, está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que sistemáticamente vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina”, y denunció que le estarían pidiendo a esta empresa supuestamente cupos por transitar por una vía nacional. Exigió, además, mano dura del Estado para restaurar el principio de autoridad[1].
Sintomáticamente el mismo día, 25 de febrero, en la página pro minera Lampadia, Jaime de Althaus desarrolló un discurso en la misma línea [2], culpando a los pobladores de evitar el desarrollo del país. Por otra parte, acusó que las protestas y reclamos por contaminación en el sur andino son responsabilidad de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras y la izquierda peruana; quienes destruyen al capital, la inversión y el desarrollo. Además de abogados especializados en extorsión a empresas mineras que instigan a la toma de carreteras. En ese mismo sentido, exhortó al Estado de organizarse para facilitar la inversión minera.
El 26 de febrero apareció en El Peruano el Decreto Supremo Nº 038-2019-PCM, donde se amplía por 30 días calendario a partir del 27 de febrero, el Estado de Emergencia en parte del corredor minero del sur (Apurímac–Cusco–Arequipa), el cual conduce a la minera Las Bambas. Esto hace que se mantenga la zona militarizada, con restricción de derechos para los ciudadanos, y de esta manera garantizar que las empresas mineras como Las Bambas, Antapaccay, Glencore y Hudbay sigan transitando libremente.
Es paradójico porque durante estos mismos días hemos visto un sector minero muy activo, participando en el Ministerio de Justicia, donde se está promoviendo la construcción del Plan de acción Empresas- Derechos Humanos, manifestando su interés por incorporar estándares de derechos en su actividad. A esto se suma el lanzamiento de un video donde se promociona una nueva visión de minería en el marco del llamado Plan minero al 2030, y se señala que quieren una minería inclusiva en el marco de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, que sea valorada por la sociedad.
Parece que el sector minero vive en un mundo paralelo, pero lo peor es que el Estado también está en la misma dinámica. Está bien que se promuevan planes sobre derechos humanos y empresas, se piense en una nueva minería, pero no es posible creer en estas apuestas si se mantiene ese discurso rancio, discriminatorio y violento del empresariado minero, o si el gobierno continua con las políticas represivas hacia la población.
¿Acaso no es real que en el sur andino las empresas mineras usan de manera abusiva la carretera, transitando con casi 500 camiones diarios que levantan polvos, generan ruidos y afectan a la población?, pero no se quiere hacer nada al respecto. También es cierto que en Cajamarca, la minera Gold Fields causó un desastre ambiental en diciembre, derramando relaves de lodo tóxico en varios centros poblados y que aún no quiere reparar nada. También que el personal de seguridad de la minera Antapaccay está comprometida en denuncias por agresiones contra familias campesinas.
Solo menciono estos casos concretos para graficar que las demandas en los territorios donde operan las mineras no son violentistas ni extorsionadores. No es la conspiración de las ONG izquierdistas. Lo que hay son poblaciones afectadas y marginadas, a las cuales ni el Estado ni las empresas les quieren solucionar los problemas, y se les responde con represión y militarización.
No, señores. No pretendan que creamos que la minería va a cambiar con discursos, documentos bien redactados o declaraciones sobre respeto a los derechos, mientras se discrimine, instigue al odio y la violencia contra los pobres de parte de los empresarios y sus aliados. Creeremos en un sector diferente cuando esta estructura creada para proteger a los intereses empresariales se suprima, al igual que los mecanismos represivos que se usan contra la población. Se fortalezca el sistema de control y fiscalización ambiental, se generen y cumplan las normas para que las empresas sean responsables, reciban sanciones, y se les obligue a reparar los daños que causan. No podemos hablar de nueva minería con respeto a los derechos humanos, si en las alturas se afecta y mata a la gente.
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[1] https://gestion.pe/economia/empresas/bambas-objeto-hostigamiento-chantaje-alerta-snmpe-259668
[2] https://www.lampadia.com/analisis/mineria/la-inversion-minera-no-puede-estar-al-garete-de-una-izquierda-destructiva-y-un-estado-desaprensivo