Sigue el “golpe” contra los Fiscales Supremos que impidieron retorno de Patricia Benavides
Las ofensivas para desestabilizar el Ministerio Público por no reponer a Patricia Benavides, suspendida como fiscal de la Nación, continúan. Esta vez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por negarse a ejecutar lo que consideran una reposición ilegal promovida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La denuncia presentada por Renovación Popular acusa a Espinoza de los presuntos delitos de desobediencia, resistencia a la autoridad y usurpación de funciones por desconocer la resolución de la JNJ que pretendía restituir a Benavides como fiscal de la Nación.
El documento, que ni siquiera fue debatido en la sesión, también alcanza a los fiscales supremos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes, junto a Espinoza, se rehusaron a firmar el acta que habilitaba el retorno de Benavides.
El respaldo vino principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso (APP), junto a Perú Libre, Podemos Perú y el bloque Honor y Democracia, dejando clara la alianza congresal que sigue apostando por la “toma política” de Fiscalía y la restauración de Benavides en el Ministerio Público.
Con esta decisión, los fiscales supremos quedan expuestos a posibles sanciones e inhabilitaciones, pese a que, de acuerdo a especialistas los cuestionamientos contra el documento de la JNJ eran claros y que, desde la posición de los fiscales supremos defendieron la autonomía del Ministerio Público, cuestionando también la legalidad de la resolución de la JNJ.
Un blindaje selectivo
Al mismo tiempo y reafirmando su posición contra los Fiscales Supremos, la misma subcomisión rechazó dos denuncias constitucionales presentadas contra la JNJ por su intento de reponer a Benavides.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), había propuesto declarar procedente las denuncias por presunta infracción constitucional y abuso de autoridad; sin embargo, esta se desestimó por una falta de consenso.
La votación en la Subcomisión resultó en una clara mayoría en contra de las acusaciones , con el respaldo de los congresistas Jorge Montoya, Víctor Flórez, Martha Moyano, Flavio Cruz, Milagros Jauregui, Patricia Chirinos, Nelcy Heidinger, Digna Calle, Esdras Medina y María Acuña. Por su parte, los parlamentarios Edgard Reymundo, Francis Paredes, Jorge Coayla y Pasión Dávila.
Finalmente, el informe de calificación que fue aprobado por la subcomisión no incluyó un análisis sobre las recientes irregularidades señaladas en la resolución de la JNJ, como la falta de participación de la secretaria general en la sesión donde se decidió la reposición de Benavides. Además, se centró en afirmar que Espinoza y los fiscales supremos se habrían resistido a cumplir con el mandato de la JNJ, un mandato que actualmente está siendo objeto de un proceso de amparo en el ámbito judicial.
La otra arremetida: investigan a Delia por indagar a Santiváñez
Además de los ataques desde el Congreso, Delia Espinoza enfrenta otra presión por parte de la JNJ, pues en este contexto hostil, le han abierto una investigación preliminar por presunta inconducta funcional, luego de que la fiscal autorizara diligencias contra Juan José Santiváñez, exviceministro y actual hombre clave en el círculo más cercano de Dina Boluarte.
El caso se originó cuando la Fiscalía, bajo la conducción de Espinoza, solicitó a Santiváñez entregar su cuenta y contraseña de iCloud como parte de una investigación por presunto abuso de autoridad en agravio de un capitán PNP. Santiváñez rechazó la solicitud, la calificó de ilegal y presentó una denuncia administrativa ante la JNJ, que ahora la procesa por supuestas infracciones graves y muy graves, como no guardar la debida discreción y facilitar información reservada.
El único miembro de la JNJ que votó en contra de abrir la investigación fue Francisco Távara, también el único magistrado que se mostró en contra de la reposición de Benavides en el mayor cargo fiscal.
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