Condenan a 35 años de prisión a responsables del asesinato de Quinto Inuma: la justicia llega casi tres años después para el apu kichwa
Por: Silvia Bardales Q.
El Poder Judicial condenó a cuatro responsables del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa y defensor ambiental de San Martín. Su caso volvió a exponer una deuda pendiente del Estado peruano: proteger de verdad a quienes defienden sus territorios frente a las economías ilegales.
Casi tres años después del asesinato del líder indígena kichwa Quinto Inuma Alvarado, la justicia peruana emitió una sentencia contra cuatro responsables del crimen. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso 35 años de prisión a Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz, 28 años y cuatro meses a Segundo Juan Villalobos Guevara y 15 años a Jerly Saboya Saboya, condenado como cómplice primario. La Fiscalía logró acreditar que el asesinato fue planificado en relación con la labor de Inuma en defensa del territorio de su comunidad y sus denuncias contra actividades ilegales. La sentencia puede ser impugnada mediante los recursos previstos por la ley.
La condena es un avance para una familia y una comunidad que durante años denunciaron amenazas sin conseguir una protección efectiva. Pero también obliga a recordar quién era Quinto Inuma y por qué su asesinato no puede entenderse como un hecho aislado.
Un apu que defendía Santa Rosillo de Yanayacu
Quinto Inuma era líder —o apu— de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en el distrito de Huimbayoc, región San Martín. Su lucha estaba vinculada a la defensa de su territorio frente a las invasiones, el tráfico de tierras, la tala ilegal y la presencia del narcotráfico.
El 29 de noviembre de 2023 regresaba hacia su comunidad por el río Yanayacu, luego de participar días antes en una reunión de defensores ambientales en Pucallpa. Allí había vuelto a hablar sobre lo que ocurría en su territorio. Durante el trayecto fue asesinado en un ataque en el que también resultó herida su sobrina Axceldina Tapullima. El entonces vicepresidente de la comunidad, Meister Inuma Pérez, logró ponerse a salvo.
No era la primera vez que Inuma enfrentaba amenazas. En 2021 fue agredido por presuntos narcotraficantes y posteriormente recibió medidas de protección dentro del mecanismo estatal para personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones indígenas y su defensa legal cuestionaron entonces que estas medidas no se tradujeran en una protección suficiente en un territorio donde, incluso, denunciar implicaba largos desplazamientos hasta las autoridades.
“Si nos vamos todos los que defendemos la Amazonía, si al final nos retiramos de las denuncias por miedo, ¿qué va a ser del resto?”, había dicho Inuma a Mongabay Latam antes de su asesinato. Su pregunta sigue resonando después de la sentencia.
Justicia para un crimen, pero una deuda pendiente con los defensores
El fallo representa un precedente importante: según la información difundida sobre el caso, se trata de una de las condenas más significativas obtenidas en Perú por el asesinato de un defensor indígena y ambiental. Sin embargo, la sentencia no elimina las condiciones de riesgo que enfrentan otras personas defensoras en la Amazonía. Incluso después del crimen de Inuma, continúan registrándose ataques y amenazas contra líderes indígenas que denuncian actividades ilegales en sus territorios. El reciente asesinato de Américo Pascual Tumisha, líder ashéninka y defensor territorial de la comunidad Onconashari (Yurúa), demuncia que el peligro continúa.
En este contexto vuelve al debate el Acuerdo de Escazú, tratado regional que establece estándares sobre acceso a la información, participación pública, justicia ambiental y protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Hacia aagosto de 2026, Perú sigue sin ser Estado parte del acuerdo, pese a haberlo firmado en 2018. Actualmente el tratado cuenta con 24 países signatarios y 19 Estados parte.
La condena por el asesinato de Quinto Inuma demuestra que es posible identificar y sancionar responsables. Pero la pregunta de derechos humanos va más allá de lo que ocurre después de un crimen: ¿qué hace el Estado para impedir que un defensor amenazado llegue a ser asesinado?
Para Santa Rosillo de Yanayacu, la sentencia cierra una etapa judicial, aunque no borra la ausencia de su apu. Para el Perú, el caso deja una advertencia: proteger la Amazonía también significa proteger a quienes, como Quinto Inuma, decidieron defenderla incluso cuando hacerlo significaba vivir bajo amenaza.
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