Desde la declaratoria de estado de emergencia, 25 buses fueron incendiados por extorsionadores, se reportaron asesinatos por sicariato incluso a menores de edad en distintos distritos de Lima como Puente Piedra, Los Olivos, Comas, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, San Miguel y San Isidro, balaceras y nuevas extorsiones a líneas de transporte público y construcción civil.
Ineficaz y populista. Medida tomada por el régimen de Dina Boluarte que buscaría poner fin a la inseguridad ciudadana y el descontrolado panorama de extorsiones en la actualidad ha recrudecido la situación. Incluso, alcaldes de los distritos afectados y expertos en el tema se han mostrado en desacuerdo con el estado de emergencia debido a que no consideran que sea una solución real ni ha funcionado en anteriores ocasiones.
El 26 de septiembre, trabajadores de transporte público realizaron un paro general en Lima ante la peligrosa situación en la que se encuentran por las extorsiones y sicariato. Días antes, en Los Olivos habían asesinado a un chofer que se negó a pagar un cupo por 7 soles. Que la vida de una persona valga 7 soles fue el punto de inflexión que hizo que distintas líneas de transporte se sumen a esta convocatoria masiva. También pasajeros habían resultado heridos por las balaceras y asaltos en los buses.
Ante esta situación, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia 14 distritos de Lima y Callao: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla.
Situación de inseguridad no ha cambiado
27 de septiembre
La madrugada del 27 de septiembre, se reportó el incendio de 25 buses en Independencia, en pleno anuncio de estado de emergencia. El Ministerio del Interior (Mininter) se apresuró para sacar un comunicado y señalar que el hecho no tenía que ver con un tema de inseguridad, sino que había sido originado por un cortocircuito. Esto obviando los testimonios de choferes de las unidades que sostuvieron que eran extorsionados desde hace más de un año para pagar cupos bajo amenaza de muerte.
Desmintiendo al Mininter, la banda ‘Los Pulpos del Cono Norte’ envió un mensaje extorsivo a los dueños de los buses, adjudicándose el atentado y pidiéndoles pagar el monto que especificaban. “El segundo atentado irá directo a los choferes de su unidad”, amenazaron.
El mismo 27, en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, dos adolescentes fueron asesinados por presuntos sicarios. También en San Isidro, distrito considerado seguro, un empresario que recibía amenazas murió en su auto luego de que un sicario le disparara en plena hora punta.
28 de septiembre
El 28 de septiembre, trabajadores de la empresa de transporte conocida como “La 50”, que opera en la ruta San Juan de Lurigancho-Callao, denunció haber recibido cartas extorsivas pese a que no había participado en el paro.
Ese mismo día, en Cercado de Lima, dos personas murieron y 4 resultaron heridas producto de una tiroteo ocasionado por un presunto sicario que disparó 19 veces. Tras la huída, dejaron volantes con mensajes amenazantes.
29 de septiembre
El 29 de septiembre, en San Martín de Porres, declarado en estado de emergencia, un padre tuvo que proteger a sus hijos de una balacera tirándose encima de ellos y cubriéndolos con su propio cuerpo.
Además, en Puente Piedra, un repartidor de delivery fue asesinado en plena vía pública tras recibir disparos a quemarropa cuando realizaba el pedido para un cliente.
Por otro lado, en San Miguel, no declarado en estado de emergencia, un emprendedor murió cuando falsos repartidores le dispararon. Los familiares de la víctima señalaron que este había denunciado estar recibiendo amenazas; sin embargo, la Policía no le hizo caso.
Asimismo, conductores de las empresas San Felipe, Ramón Castilla, Briza, Transcallao, 22 de octubre y algunos informales denunciaron haber recibido mensajes de extorsionadores que les exigen abonar un monto si quieren seguir trabajando con normalidad. Ellos se encuentran atemorizados debido a que se trata de la misma banda criminal que mató a su colega de 21 años por no pagar 7 soles.
Detrás de estos mensajes se encontraría la organización criminal ‘Los Injertos de Aragua’, pese a que recientemente la PNP había reportado la detención de algunos de sus miembros. Una de las trabajadoras que denunció los mensajes extorsivos señaló que uno de los integrantes de ‘Los Injertos de Aragua’ había sido liberado y por eso se sentía con mayor libertad de accionar, al saber la inefectividad de la PNP.
«Tenemos que pagar no más. Qué podemos hacer, ponemos en riesgo nuestras vidas. La justicia no hace nada, han soltado a uno de los jóvenes que han agarrado y lo han soltado. Entonces la justicia no hace nada», dijo la trabajadora denunciante a La República.
30 de septiembre
El 30 de septiembre, en Comas, se reportó el asesinato de un trabajador de construcción civil, un gremio altamente extorsionado. La víctima se desempeñaba en la remodelación de la avenida Túpac Amaru, lugar donde el 19 de septiembre sicarios mataron a su compañero de trabajo. Los afectados señalaron estar siendo extorsionados por la ‘Banda del Jorobado’, como pudo recoger Omar Chira, periodista de El Popular.
Esa misma noche, en Puente Piedra un nuevo asesinato por parte de sicarios. Por su parte, en Los Olivos, delincuentes dispararon contra un taxi colectivo, hiriendo a tres personas de gravedad, dos de ellos eran pasajeros.
Alcaldes y especialistas en desacuerdo con el estado de emergencia por ineficacia
Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, se pronunció sobre el estado de emergencia en su distrito por 60 días. Sostuvo que esta medida no ha mostrado resultados, ya que a fines de 2023 SJL se tomó la misma medida sin resultados, incluso con peores consecuencias como las que actualmente se viven con la extorsión y el sicariato.
“Tuvimos a las Fuerzas Armadas una semana durante el estado de emergencia pasado en San Juan de Lurigancho y nada más, todo siguió igual”, dijo el burgomaestre a Buenos días Perú.
Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, calificó de insuficiente el tiempo determinado por el Gobierno. “Los delincuentes van a tomarse un tiempo de descanso durante el estado de emergencia y cuando termine volverán con fuerza”, indicó.
Mar Pérez, responsable de la unidad de personas defensoras de la CNDDHH, explicó que la declaratoria de estado de emergencia es ineficaz. “El estado de emergencia no resuelve nada, como ya se ha visto anteriormente. Lo que se requiere es un marco legal adecuado (que se considere organización criminal), acción policial sin corrupción, con labores de inteligencia y logística adecuada. Se pueden poner algunos ejemplos de estados de emergencia que se han dado antes y no han resuelto nada, como el de la minería en Pataz, y otros por inseguridad ciudadana, sin que en realidad haya cambiado nada”, detalló.
Cabe resaltar que uno de los pedidos generales que la ciudadanía exige es la derogatoria de la Ley 32108 que favorece el crimen organizado, al cambiar su definición y obligar a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.