Pese a tener 20 y 30 años de labores, la Universidad Nacional San Antonio de Abad no renovó contratos a decenas de trabajadores CAS, régimen derogado por el Congreso y que acaba de ser observado por el Ejecutivo.
Wilson Chilo
Apenas se iniciaba el 2021, 90 familias cusqueñas recibieron la noticia de que su padre, madre, hijo o hermano habían sido despedidos de su centro laboral, sin previo aviso, a pesar de sus años de servicio público y una coyuntura de crisis económica, pandemia e incertidumbre. Los trabajadores llevan más de una semana en protestas y sin respuesta de la comisión universitaria.
La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) despidió a alrededor de 90 trabajadores CAS, 68 de ellos con una experiencia laboral de 20 y 30 años de servicio; junto a ellos también fueron despedidos trabajadores de las sedes en provincias. Para Luz Boluarte Zegarra, trabajadora administrativa con amplia trayectoria, este es un hecho sin precedentes que marca un hito peligroso para los derechos laborales de los servidores públicos de la UNSSAC.
No contaría con presupuesto
El día jueves 14 de enero y en el marco de una convocatoria nacional de lucha, los trabajadores despedidos y los que aún mantienen sus puestos laborales, en un gesto de solidaridad, se movilizaron por las principales arterias de la ciudad imperial del Cusco exigiendo su reposición. Los trabajadores también denunciaron a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.
Los despedidos se reagruparon alrededor del Sindicato de Trabajadores Universitarios del Cusco (SINDUC) y realizaron una movilización hacia el rectorado de la UNSAAC. Luego de un diálogo con el rector lograron conformar una comisión para buscar, en un plazo de cinco días, la reposición de los servidores públicos a sus puestos de trabajo.
Ruth Huayani, Secretaria General del SINDUC informó que la justificación de los despedidos es por la falta de presupuesto, una designación que no habría sido considerada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que directamente afectó los contratos de los trabajadores CAS.
“Mis compañeros han dado su vida entera a la universidad, nos sorprende que el gobierno apele a los despidos masivos en momentos en que tenemos que enfrentar la pandemia”, señaló la dirigente sindical.
Régimen en debate
En el 2008 se creó, el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, con el Decreto Legislativo N° 1057, desde ese momento los gremios y centrales sindicales alertaron sobre la precariedad y la afectación a los derechos laborales de los trabajadores. Los servidores que están dentro de este régimen no tienen compensación por tiempo de servicios, ni gratificación y tampoco derecho a la estabilidad laboral; como sucede con los trabajadores de la UNSSAC.
De acuerdo a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), en nuestro país los trabajadores CAS representan a cerca de 300 mil personas; De este grupo, el 75% son mujeres con los sueldos más bajos dentro del Estado.
Tras más de una década con este régimen laboral, el 18 de diciembre del año pasado, la Mesa Directiva del Congreso de la República remitió al Poder Ejecutivo la autógrafa de la “Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público”, con esta medida se abría la posibilidad de incorporar a los trabajadores CAS a los regímenes laborales de la Carrera Administrativa (DL 276) o al Régimen de la Actividad Privada (DL 1057).
El último viernes 15 de enero, el presidente interino, Francisco Sagasti observó la norma aprobada por el Congreso y envío un oficio a la presidenta del Legislativo donde argumenta que se estaría vulnerando los principios de meritocracia e igualdad ante la ley.
Por su parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, indicó que con la eliminación del CAS el costo de planilla estatal pasaría de S/ 9,000 millones a S/ 11,530 millones anuales.
