Por Carla Díaz
En medio de la crisis que enfrentan el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura luego de la revelación de una serie de audios que dejaron en evidencia la corrupción y el tráfico de influencias, la Corte Suprema mantiene pendiente emitir decisión final sobre la sentencia que eliminó parcialmente el enfoque de género del Currículo Nacional de Educación.
El litigio iniciado por la demanda de acción popular que presentó el grupo Padres en Acción contra la guía educativa en enero de 2017, sería el “proceso constitucional más importante de los últimos dos años”, según ha manifestado el procurador público especializado en Materia Constitucional, Luis Huerta Guerrero, quien también es responsable de la defensa legal del Estado.
Desde marzo de este año, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dejó al voto de los magistrados la decisión de ratificar o anular la sentencia que elimina parcialmente el enfoque de género en el currículo. Sin embargo, organizaciones civiles han alertado que el proceso estaría viciado debido a la cercanía del juez que preside la sala, Vicente Walde Jáuregui, con sectores conservadores de la iglesia católica que se oponen al enfoque de género.
Walde Jáuregui, juez supremo y actual presidente de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, fue abogado del Arzobispado de Lima en 2010 en el juicio por la administración de los bienes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El juez supremo se adjudicó, junto a su esposa la abogada Carmen Luz Ortega Paredes, ser responsable de la estrategia legal que le dio el triunfo al Arzobispado en dicha disputa. Su patrocinio se dio mientras estuvo destituido como juez por inconducta funcional desde el 2007. Fue reincorporado al Poder Judicial gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto su proceso disciplinario en 2010.
Al respecto, la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva, especialista en temas de justicia y magistratura, consideró que los antecedentes del juez Walde ameritan solicitar su inhibición ya que no existían garantías de imparcialidad.
“La parte que está luchando para que se proteja el currículo escolar tendría una legítima desconfianza porque se ha roto el deber de imparcialidad. Walde es una sola persona, tiene una sola conciencia, no se divide su forma de pensar caso por caso. Él ha mostrado tener una postura predeterminada, no solo su posición de juez, sino que también de patrocinio, de asesoría al Arzobispado de Lima, eso es inconducente”, explicó Silva para argumentar que el juez no debería participar en este proceso.
La abogada de IDL comentó que ante el conflicto de intereses y el incumplimiento con el deber de imparcialidad de los jueces, cualquier ciudadano u organización podía presentar presenten una queja disciplinaria contra Walde Jáuregui ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que sea investigado por este caso.
«Toda la ciudadanía se da cuenta que está faltando a su deber de imparcialidad, que lleve el juicio es un peligro de independencia para él mismo. Una posibilidad es presentar un pedido de destitución, él mismo debió ser honesto e inhibirse indicando que ha sido abogado de Cipriani, en representación del Arzobispado, y ergo está prejuiciado. Teniendo en cuenta su nivel de jerarquía judicial, estas son causas que configurarían faltas graves«, sostuvo Silva.
Por su parte, la coordinadora jurídica de la organización Promsex, Brenda Álvarez, también alertó sobre los vínculos del juez con sectores conservadores y dio a conocer que recientemente la Sala de Walde Jáuregui le negó a su organización hasta en segunda instancia participar en el juicio en defensa del enfoque de género.
Álvarez explicó que no han recibido argumentación sólida de la sala para evitar su participación como tercero. “Uno de sus argumentos es que el Ministerio de Educación ya se está defendiendo, es decir, que no hay una parte indefensa. O que ellos no tienen obligación de aplicar el Código Civil (en lo referente a la participación de terceros) porque en esa vía tienen autonomía”, sostuvo la abogada.
Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente que niega a la organización Promsex su participación el juicio contra el currículo escolar y el enfoque de género. Fuente: Promsex
El letrado Luis Huerta, como representante del Ejecutivo en la demanda contra el currículo, expresó su preocupación por no tener ninguna información sobre la votación que sigue la Sala Constitucional que preside Vicente Walde Jáuregui. Para el abogado, esto redunda en la falta de transparencia con la que se toman las decisiones en el sistema de justicia.
«Lamentablemente, hasta ahora no hemos sido notificados de ninguna resolución, de ninguna sentencia y no se ha brindado información del estado en que se encuentra esta votación (sobre el currículo escolar). Allí está el problema (en el sistema de justicia) en la ausencia de claridad sobre las reglas en el tema de las votaciones después de que ya se ha visto la causa”, comentó.
Wayka se comunicó con el despacho del juez Walde Jáuregui para conocer su relación actual con el Arzobispado y sobre la posibilidad de que se inhiba en el caso del currículo, sin embargo tras más de una semana de coordinaciones, nos comunicaron finalmente que el juez no se pronunciaría sobre el tema.
Intereses creados
La presencia del Arzobispado de Lima ha sido recurrente en la disputa sobre el enfoque de género en la educación. La vocera de Padres en Acción y demandante del currículo, Giuliana Calambrogio, justamente es trabajadora del Arzobispado de Lima en la Oficina de Educación Católica de la institución desde marzo de este año.
Anteriormente, Wayka también dio a conocer la vinculación del grupo Padres en Acción con el Opus Dei, ya que tres de sus integrantes -Calambrogio, el abogado de la demanda, Justo Balmaceda, y Gabriela Pacheco– pertenecen a la comunidad educativa de dicho sector de la iglesia católica, a la que también está relacionado el cardenal Juan Luis Cipriani.
“Los Padres en Acción no vamos a soltar la cuerda que hemos puesto, estamos muy pendientes de lo que hacen”, dijo Calambrogio ante la Comisión de Educación del Congreso de la República, en la sesión del 4 de julio.
La sala que decidirá el futuro del currículo también está integrada por el juez Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Santa que tuvo más de veinte procesos de investigación ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), además de haber sido vinculado al expresidente regional, César Álvarez, hoy preso por el caso de la red criminal ‘La Centralita’.
Recientemente, la Sala Constitucional y Social Permanente fue alterada tras la incorporación del juez César Hinostroza Pariachi, a quien se ha escuchado en los ‘CNM audios’ negociar e intercambiar favores políticos a cambio de modificar sentencias, e incluso negociar con la posible absolución de un acusado de violación sexual contra una menor de edad.
Al respecto, el procurador Huerta Guerrero mostró su preocupación por la reconfiguración de la Sala Social y Constitucional, por ser «una de las más importantes del Poder Judicial». El funcionario expresó que esta instancia era equiparable al Tribunal Constitucional en cuanto al control de las normas infralegales, por lo que era esencial que los magistrados que la conforman fueran probos y con experiencia en las materias.
