Después de 12 años, recién ayer se iba a iniciar el juicio contra los jefes policiales que estuvieron al mando en la represión contra comuneros de Bambamarca, quienes protestaban contra el proyecto minero Conga. Sin embargo, esta audiencia fue postergada para noviembre. La defensa legal de los comuneros señaló que esta es una estrategia para dilatar el proceso con el fin de archivar el caso
Doce años después, por fin se iba a iniciar el juicio oral contra los jefes policiales que estuvieron al mando de la salvaje represión contra comuneros de Bambamarca, quienes protestaban contra el proyecto minero Conga. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por inasistencias y excusas legales de los efectivos.
Como se recuerda, en noviembre del 2011 se realizó un paro indefinido donde miles de personas de distintas provincias y distritos de la región Cajamarca salieron a marchar a las calles en contra del proyecto Conga. Se produjeron bloqueos de carreteras en distintas zonas, principalmente en la carretera de salida a las ciudades de la costa y a Bambamarca y Baños del Inca. La movilización y protesta fue masiva, y, tuvo como respuesta una violenta represión policial que dejó varios heridos con serias lesiones, uno de ellos perdió un ojo y otro terminó con paraplejia.
En tal sentido, dicha audiencia iba a abordar el caso de Amador Bacalla Guadalupe y Wagner Enrique Ocampo
Huamán, dos altos mandos policiales que estuvieron a cargo de un operativo de represión. Finalmente, la acudiencia no ocurrió, según el abogado de uno de los policías, su defendido no se pudo presentar a la audiencia virtual porque estaba de servicio en la selva. El otro oficial señaló por medio de su abogado que ha requerido algunos actuados de la investigación, pero que hasta el momento la Fiscalía no se los ha entregado.
La abogada Mirtha Vásquez señaló que esto se trata de una estrategia dilatoria, ya que en el caso del primer policía, este estuvo notificado con mucha anticipación, y los mandos militares están obligados a facilitar las condiciones de sus efectivos cuando éstos tienen que responder a la justicia. En el segundo caso, se trata de documentos a los que el policía puede tener acceso fácilmente, según Vásquez Chuquilín,
“Está claro que la defensa de estos mandos policiales lo que quieren es dilatar el tiempo y llegar a archivar el caso por prescripción” denunció Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de GRUFIDES al medio cajamarquino El Nuevo Diario.
Además del retraso en este proceso judicial, que será retomado el 3 de noviembre de este año, se debe precisar que la minera Yanacocha fue excluída del caso. Ello, a pesar de que, tanto oficiales como subalternos, se encontraban operando contratados por la minera Yanacocha. Ellos se encontraban trabajando en servicio privado, gracias a un convenio entre la empresa minera y la Policía Nacional, sin embargo, la empresa minera, a la que se acusaba como responsable, ha sido excluída del proceso, gracias a un cuestionado fallo del juez supremo César San Martín.
FUENTE: El Nuevo Diario (Cajamarca)
