La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, ha presentado una propuesta legislativa que busca declarar de interés nacional la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) del currículo escolar, generando preocupaciones por el uso de recursos públicos en proyectos que ponen en riesgo a la juventud. La medida ha sido enviada a la Comisión de Educación para su evaluación.

Nuevamente la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, miembro de la bancada antiderechos Renovación Popular, ha presentado el Proyecto de Ley N° 9174/2024-CR, que propone declarar de interés nacional la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el currículo de la educación básica, sustituyéndola por lo que denomina una «educación sexual científica, biológica y ética», atacando así los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes.

El proyecto fue registrado el 11 de octubre de 2024 y remitido a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República para su estudio y dictamen. La propuesta busca derogar los Lineamientos de Educación Sexual Integral aprobados en 2021 mediante la Resolución Viceministerial 169-2021-MINEDU, los cuales introdujeron un enfoque integral y con perspectiva de género para la educación sexual en los niveles de primaria y secundaria.

Estos lineamientos fueron diseñados para proporcionar a los estudiantes una formación integral que aborde aspectos fundamentales de la sexualidad humana, como la identidad de género, el respeto a la diversidad, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y la lucha contra la violencia de género.

Además introduce temas de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de embarazos no deseados, y la promoción del bienestar emocional y psicológico. Estos lineamientos enmarcados en un enfoque de derechos humanos, buscan que los estudiantes comprendan y respeten la diversidad, promoviendo relaciones equitativas y saludables.

La propuesta de Jáuregui pretende reemplazar estos avances con una supuesta «educación sexual científica y biológica», limitándose a un enfoque biologicista que omite no solo a las ciencias sociales como ciencia, sino también aspectos clave como la diversidad sexual y la igualdad de género,  poniendo en riesgo a estudiantes LGBTQ+, quienes quedan aún más expuestos a discriminación y violencia. Al ignorar estos temas, se deja de lado la importancia de una educación que prepare a los adolescentes para enfrentar los desafíos que implica vivir en una sociedad diversa y plural.

Un proyecto declarativo sin impacto real, pero con alto costo

El proyecto de ley presentado por la congresista si bien es parte de un bloque de propuestas legislativas que amenazan la ESI, no realizaría ningún cambio tangible en la política educativa, ya que se trata de una ley declarativa. Esta iniciativa legislativa ha generado críticas por el uso innecesario de recursos públicos en un proyecto que no solo no mejora la calidad educativa, sino que, además, representa una amenaza para la salud y el bienestar de los adolescentes.

El gasto de recursos en la creación, promoción y eventual discusión de una ley declarativa como esta es vista como un uso ineficiente del presupuesto público, en lugar de destinar esos fondos a políticas más urgentes y necesarias, como el fortalecimiento de la ESI que actualmente protege a las y los jóvenes de riesgos como los embarazos precoces y la violencia sexual.

Ayesha Dávila, presidenta de la organización CrESIendo, promotora de la educación sexual integral, señaló sobre esto: ““Las leyes declarativas no aportan a la ciudadanía, y el PL 9174 es un claro ejemplo de cómo una propuesta legislativa puede distraer de las verdaderas necesidades de la sociedad. No podemos permitir que el Congreso siga promoviendo leyes que solo buscan reforzar ideologías personales y políticas, mientras se ignoran temas esenciales para el bienestar y desarrollo del país. No pueden tratar nuestros derechos como si fueran de segunda categoría, como si estuvieran declarando el ‘Día del Pollo a la Brasa’”.

Y añadió: “Es indignante ver cómo se gastan recursos en leyes declarativas que no aportan soluciones reales, sino que comprometen los derechos humanos y la educación de nuestras futuras generaciones. No podemos permitir que la política se convierta en un escenario para decisiones arbitrarias y sin perspectiva científica”, señaló Dávila.

Una amenaza para las adolescencias

Diversos colectivos y especialistas en derechos humanos y educación han señalado que la eliminación de la ESI pone en riesgo a las y los adolescentes, quienes se verán privados de una formación que les permita tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y sus relaciones interpersonales. 

En un país donde 2,146 menores de 15 años quedaron embarazadas como resultado de abuso sexual entre 2018 y 2022, y además, hasta septiembre de este año, se registraron 29,383 nacimientos gestados por niñas y adolescentes de entre 11 y 19 años, la educación sexual integral es vista como una herramienta esencial para la protección y el empoderamiento de los jóvenes.

Sin embargo, esta no es la única propuesta legislativa que busca atentar contra la Educación Sexual Integral. En abril del presente año se presentó el Proyecto de Ley 7579, “Ley que reconoce el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, que se aprobó en junio.  

Este PL pone el “derecho” de los padres de decidir sobre la información que reciben sus hijos por encima de los derechos de sus hijos, como son el derecho a la información, la educación sexual integral, la protección, salud, autonomía, entre otros.. Es necesario recordar que según UNICEF, el 74% de los casos de violencia sexual contra menores de 18 años, el perpetrador es un familiar o alguien muy conocido y cercano de su entorno cercano.