Por Graciela Tiburcio Loayza

El congresista golpista de Acción Popular (AP) Anthony Renson Novoa Cruzado ha presentado el Proyecto de Ley Nº 7503 para modificar las causales de vacancia presidencial. El proyecto recién ha sido presentado el 14 de abril; pero, según consta en el documento, fue elaborado el 10 de diciembre de 2020, un mes después de perpetrado el golpe de Estado que desencadenó la crisis política y social vivida ese mes.

«La actual coyuntura política en la que se encuentra nuestro país respecto a la cuestionada -por algunos- vacancia presidencial (de Martín Vizcarra) nos obliga a todos a cuestionarnos sobre cuál es el origen y su significado concreto, si es que acaso lo hubiera del supuesto de vacancia por ‘incapacidad moral'», sustenta el congresista Novoa en la exposición de motivos.

El proyecto ha sido suscrito por otros seis parlamentarios golpistas de AP: Mónica Saavedra Ocharán, Paul García Oviedo, Franco Salinas López, Luis Simeon Hurtado, Wilmer Bajonero Olivas y Franco Salinas López; y por el congresista de Podemos Perú Jose Luna Morales quien también votó a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020.

Wayka conversó con el abogado constitucionalista Alberto Cruces para analizar la viabilidad de esta propuesta y cuáles serían sus alcances y riesgos de ser aprobada por el mismo Congreso que interpretó a su favor las causales de vacancia para generar una crisis política en el país.

Reforma a medias

Los parlamentarios proponen modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Perú que establece las causales de vacancia presidencial. Actualmente, la Carta Magna peruana contempla la vacancia según estas cinco consideraciones:

  1. Muerte del Presidente de la República.
  2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.
  3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.
  4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.
  5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117º de la Constitución (ser acusado de traición a la Patria, impedir elecciones, disolver el Congreso sin sustento, entre otros).

Precisamente, el término «incapacidad moral» es el que ha generado los debates políticos y ciudadanos sobre cuáles son las acciones o situaciones que deben ser consideradas como incapacidad moral para gobernar, puesto que no se especifica en ninguna normativa nacional y se deja a la libre interpretación de los parlamentarios.

De aprobarse la propuesta de los congresistas golpistas, la segunda causal quedaría como «permanente incapacidad mental o física declarada por el Congreso» y se agregaría una sexta: «Falta de solvencia e idoneidad moral y ética en el desarrollo del cargo».

Consultado por Wayka, el abogado Alberto Cruces señaló que los debates sobre lo que se considera moral provienen desde siglos atrás y son conceptos que cambian conforme evolucionan las sociedades. Antes, lo moral estaba relacionado con la salud mental (lo psíquico). En cambio, ahora se relaciona con el actuar humano acorde a valores determinados por grupos sociales.

Por ello, sí es necesario que la máxima norma del país contenga un diferenciación y especificación entre estos términos. Sin embargo, para aprobar una vacancia por causal de incapacidad mentalo física, esta no debería quedar solo a juicio propio del Congreso, sino más bien estar respaldada y analizada por una Junta Médica.

Si bien este primer planteamiento del proyecto es viable, no sucede lo mismo con la propuesta de crear una causal adicional que solo aborde lo moral y ético, pues en la Constitución se tendría que determinar qué es lo que se entiende por moral y qué es lo ético. Y, como previamente señaló el abogado, ambos términos están en constante evolución acorde a los procesos sociales e históricos.

«Si se cambiara solamente moral por mental, retiraríamos esa parte subjetiva de evaluar la conducta del Presidente y bastaría con acreditar un problema mental o psíquico. El problema viene con añadir la sexta causal de moral y ética. Incorporar un elemento subjetivo va a requerir un para saber qué entienden los parlamentarios por moral y ética», precisó el especialista.

El peligro de la ‘libre interpretación’

La Constitución de 1993 fue elaborada durante la dictadura de Alberto Fujimori la cual fue «hecha para protegerlo», según enfatiza el especialista Cruces. Debido a ello, es que en ella solo contempla un limitado número de motivos para denunciar a un Presidente y que también serían motivos de vacancia. En el artículo 117 de la Constitución que sigue vigente, quien asume la Presidencia del Perú solo puede ser denunciado por:

  1. Traición a la patria
  2. Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales
  3. Por disolver el Congreso -salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución
  4. Por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

En los años 2000, la causal de incapacidad moral fue la única vía para poder vacar a Fujimori debido a la crisis generada por la corrupción de su gobierno y los innumerables delitos contra los Derechos Humanos que se estaban revelando. En ese entonces, esta causal pudo ser interpretada por el Congreso a favor de la democracia y así rechazar su carta de renuncia por fax y vacarlo del cargo presidencial, apunta Cruces.

Sin embargo, ello no resta la posibilidad de que los conceptos de ética y moral puedan ser usados con fines políticos particulares. Ejemplo de ello fue lo sucedido en noviembre de 2020. Para evitar que estas situaciones vuelvan a generarse, se pueden ampliar los motivos por los cuales se puede denunciar a un Presidente que están señalados en el artículo 117 antes mencionado.

«Sería necesario una reforma constitucional para agregar, por ejemplo, agregar el delito de corrupción. Así se eliminarían los conceptos de moral y ético, que dependen de una subjetividad particular, y se tendría hechos específicos que pueden ser comprobables y que es lo que en realidad debe ir en una Constitución», precisó Cruces, quien además menciona que en una nueva Constitución, se podría subsanar los vacíos que la actual tiene.

Nueva Constitución

La última crisis política y el reciente contexto electoral han posicionado en el debate ciudadano la posibilidad de elaborar una nueva Constitución que se generada con la participación de los diferentes sectores políticos y sociales. Sin embargo, hay polarización respecto a este proceso.

La experiencia más cercana que Perú tiene sobre procesos de reforma constitucional es la de Chile. Luego de las protestas masivas desencadenadas a mitad del 2020 por la crisis económica y social generada por el modelo económico del país, la ciudadanía de Chile logró que se apruebe la creación de una Asamblea Constituyente conformada por 155 personas elegidas por voto popular.

La Asamblea Constituyente estará encargada de elaborar una nueva Constitución en reemplazo de la que fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. así, este panorama ser;a más palpable en Perú ahora que se está a puertas de la segunda vuelta de comicios presidenciales. ¿Elegirá el Perú a Keiko Fujimori que propone mantener la Constitución de su padre o el país decidirá por Pedro Castillo que plantea una nueva Constitución?