A pesar de ser una institución cuestionada por la represión y 50 asesinatos que cometieron agentes policiales —y militares— en regiones durante las protestas de 2022-2023, la jefa actual del régimen los felicitó y en su mensaje a la nación les prometió un aumento salarial. La violencia de la PNP continuó durante estos tres días de movilización en donde familiares de las víctimas, estudiantes universitarios y sociedad civil pidieron justicia, sanción y cárcel para los responsables de las muertes.
En estos tres días de movilización encabezada por la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022 y 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa teniendo una actitud represiva, racista y clasista contra quienes viajan desde regiones hacia Lima para exigir justicia, no olvido y sanción penal para todos los responsables políticos, militares y policiales de los 50 asesinatos durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.
Según información a la que accedió Wayka, se registraron 10 detenciones arbitrarias, de los cuales tres personas (Aldo Paredes, Demetrio Capcha y Yaquelin Antay) aún permanecen detenidos en la División de Asuntos Sociales Rímac de la PNP, sede policial que el año pasado fue usado para recluir a manifestantes en ambientes sucios, pequeños sin ventilación ni electricidad.
En ese sentido, además de estas detenciones, otra vez la Policía ejerció un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, los cuales se manifestaron en empujones con sus escudos, arrebatos de objetos como sombreros o banderolas, controles de identidad ilegales. Asimismo, hubo insultos racistas y clasistas contra ciudadanas de otras regiones. Una manifestante declaró que agentes policiales le dijeron: «Chola, serrana, corre a tu pueblo, ¿qué haces aquí?».
Cabe agregar que el el delito de discriminación está penado de 2 a 4 años de cárcel e inhabilitación para aquel funcionario o servidor público que cometa discriminación, según el artículo 323˚ del Código Penal.
Una mujer adulta mayor de la región de Puno también fue golpeada al lado de la puerta de la Comisaría de Cotabambas por una mujer policía, según relatan testigos. La mencionada ciudadana quiso poner su denuncia, pero no se lo permitieron.
Sobre heridos, los colectivos de brigadas de médicos informaron que la mayoría de manifestantes sufrió contusiones y que solo un herido requirió hospitalización, en el hospital Grau, el cual tuvo episodios de epilepsia debido a la agresión policial. El ciudadano fue identificado como Samuel Rodríguez Villa.
Además, los manifestantes denunciaron la presencia de ternas o policías vestidos de civil que estuvieron provocando a los manifestantes. El uso de policías civiles (Grupo Terna) es irregular de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todos los policías deben estar identificados porque el anonimato favorece los abusos y la impunidad, según este organismo internacional.
Informes internacionales como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Amnistía Internacional (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional ya han registrado esta brutalidad policial y militar cometidas en 2022 y 2023, sin embargo, a pesar de esta serie de cuestionamientos y de investigaciones fiscales en contra de miembros y altos mandos de la PNP, el actual régimen de Dina Boluarte los ha felicitado y les prometió un aumento salarial que también alcanza a miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como lo hizo previamente luego de sucedidas las masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas en las protestas anteriores en su contra.
«Este aumento salarial, aplicable a sueldos y pensiones, será ejecutado en cuatro etapas y significará un aporte justo y sostenible que garantizará un nivel de vida digno para los defensores de nuestra soberanía e integridad territorial, forjadores de la paz y garantes de nuestra democracia», dijo Boluarte en su mensaje a la nación del 28 de julio por Fiestas Patrias.