¿Conflicto de intereses? El proceso de licenciamiento de las universidades públicas o privadas está a pocos meses de culminar. Esta podría ser la razón para que varios congresistas de la Comisión de Educación, presidida por Tamar Arimborgo, pongan en la mira, nuevamente, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y soliciten facultades al Pleno para investigarla.
Según dos programas periodísticos, Panorama y Cuarto Poder, varios de los parlamentarios que votaron a favor (8 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones) tienen conflictos de intereses y hasta denuncias por presentar datos falsos sobre sus estudios universitarios en el Congreso.
Además, varios de estos parlamentarios han visitado la Sunedu en los periodos de licenciamiento de ciertas universidades privadas, algunas observadas por la entidad reguladora. Así, el programa Panorama, reveló a Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma, Milagros Salazar, Roy Ventura, Nelly Cuadros (Fuerza Popular), Edwin Donayre y Richard Acuña (Alianza para el Progreso), Elías Rodríguez (Apra) y Edilberto Curro (Frente Amplio) como algunos de los congresistas que se presentaron con diversas solicitudes y requerimientos.
Por ejemplo, la fujimorista Milagros Salazar solicitó información del proceso de licenciamiento en la Universidad Ricardo Palma, casa de estudios de la carrera de enfermería y exdocente. Su colega Yeni Vilcatoma solitó información sobre la acreditación de la Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote, a pedido del ciudadano Pedro Antonio Castillo Gutiérrez, abogado, quien tenía problemas en sus trámites de colegiatura.
Más fujimoristas. El congresista Edwin Vergara solicitó el 12 de agosto de 2019, información sobre el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica de los Andes, en Abancay, abogando que «afronta una problemática social».
Otros de los más insistentes en investigar a la Sunedu y quien sostiene que se está atentando contra autonomía de las universidades, es el aprista Javier Velásquez Quesquén. El parlamentario fue docente de la Universidad San Martín de Porres entre 2006 y 2008. Pero lo curioso es que la Sunedu ha solicitado la vacancia del rector José Antonio Chang, exministro aprista, y emitido una multa a dicha entidad por no cumplir con los fines educativos estipulados en la ley universitaria.
Edilberto Curro, parlamentario del FA investigado por el delito contra la fe púbica y falsedad genérica, también es parte de la comisión de Educación y uno de los interesados en investigar a Sunedu. Como se recuerda, Curro se presentó fue cuestionado por consignar la aprobación de cursos de Derecho en la Universidad Privada de Puno, a pesar nunca habría asistió porque vivía en Lima.
En entrevista, Daniel Mora, expresidente de la comisión de educación, consideró que es necesario mantener la calidad de las universidades y que la solicitud de investigación es una amenaza para la reforma universitaria. «Es una forma de amedrentar a la Sunedu, y no creo que por las universidades que se han licenciado, sino por las universidades no licenciadas (…) o para determinadas universidades que no han cumplido con lo que dice la ley», aseguró.
La Comisión de Educación aprobó solicitar al Pleno las facultades de comisión investigadora por 120 días para evaluar a la Sunedu. Este pedido fue realizado por Juan Carlos Gonzales de Fuerza Popular, quien enumeró varios de los motivos para investigarla; entre ellos, los proceso de licenciamiento.
