Informa Francesca Emanuele desde Washington DC

Ante el escenario de impunidad asociado con la violencia estatal en el Perú, tres influyentes congresistas del partido Demócrata han introducido una enmienda para retirar el apoyo financiero a dos brigadas del Ejército peruano, implicadas en las masacres ocurridas en Ayacucho y Juliaca durante las protestas antigubernamentales.

Los congresistas Susan Wild, Joaquín Castro y Nydia Velázquez proponen que ningún recurso contemplado en la ley de financiación del Departamento de Defensa de EE.UU., se utilice en «el suministro de armas, entrenamiento u otro tipo de asistencia a la Segunda Brigada de Infantería y a la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército del Perú».

Estas brigadas han cobrado notoriedad internacional debido a sus acciones represivas entre diciembre y enero. Según informes de organizaciones de derechos humanos y medios periodísticos, la Segunda Brigada de Infantería fue responsable de la muerte de 10 civiles el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho. En Juliaca, el 9 de enero, la Cuarta Brigada de Montaña apoyó a la Policía en una jornada sangrienta que resultó en la muerte de 18 ciudadanos, incluidos 3 menores. A pesar de estos eventos, las Fuerzas Armadas se han mostrado reacias a colaborar con la Fiscalía, ocultando información sobre las operaciones de estas unidades. Altos mandos de las brigadas han intentado desvincularse, argumentando que los soldados actuaron por cuenta propia, una afirmación que es vista con escepticismo por la comunidad internacional debido a la estructura jerárquica del Ejército.

La propuesta, encabezada por la congresista Wild, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, cuenta con el apoyo de Joaquín Castro, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental, y de Nydia Velázquez, destacada representante hispana, con una trayectoria legislativa de 30 años.

La enmienda refleja la intención de garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses no apoyen a entidades militares relacionadas con abusos a los derechos humanos. Esta medida responde al espíritu de la ley «Leahy», vigente desde la década de los noventa, que prohíbe la asistencia de EE.UU. a unidades militares o policiales extranjeras si hay evidencia de que han cometido graves violaciones a los derechos humanos con impunidad.

La discusión sobre esta enmienda tendrá lugar esta semana. De ser aprobada, podría reconfigurar la dinámica de cooperación militar entre EE.UU. y Perú. Esta situación adquiere mayor relevancia con la inminente visita de la presidenta Boluarte a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU, lo que podría enrarecer el ambiente diplomático con ciertos sectores de la administración Biden. Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Boluarte ha puesto especial énfasis en estas relaciones, desembolsando decenas de miles de dólares para que una firma de lobby le ayude a maquillar su imagen ante Washington.