La Comisión de Energía del Congreso aprobó la semana pasada el dictamen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el cual debe ser sometido a discusión en el Pleno. Al respecto, la Ministra de Cultura, Patricia Balbuena, precisó que el Ejecutivo enviará sus observaciones al dictamen del proyecto
Balbuena subrayó que la preocupación del Ejecutivo es principalmente que se garantice la consulta previa y los derechos colectivos.
«Lo que queremos es que la ley salga garantizando el derecho de las poblaciones, generalmente amazónicas e indígenas en la zona, para evitar conflictos», declaró para la Agencia Andina.
Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, economistas y más de 30 organizaciones indígenas, amazónicas y medioambientales también se han mostrado en contra de la Ley de Hidrocarburos, por los daños y pérdidas que generarían en el medio ambiente y la economía del país.
El Ministerio de Energía y Minas y los sectores privados creen que el dictamen atraerá millonarias inversiones. Sin embargo, una opinión muy contraria sostienen los especialistas en el tema. “La nueva ley no promoverá más inversiones y producción, este proyecto está diseñado solo para favorecer a los contratistas actuales”, apunta Germán Alarco, economista e investigador de la Universidad de Piura.
Ministerio del ambiente también alerta
Entre las modificaciones más llamativas, resalta las facultades que se le cedería al MINEM para resolver temas del sector de hidrocarburos. Dicha función es asumida por el MINAM a través del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Ante esto, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz sostiene que “siendo ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental no es correcto que nosotros tengamos que pedir opinión previa para poder normar sobre estos temas”.
