La Comisión de la Mujer del Congreso mandó al archivo un proyecto de ley que proponía incluir a dichos menores de edad que han perdido a sus padres como beneficiarios de la Ley 31405, la cual promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. Los hijos de Sonia Aguilar Quispe (Carabaya, Puno) o el hijo de Ronaldo Barra Leiva (Pichanaki, Junín) no podrán acceder a dicho monto.
Por Jair Sarmiento
La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria de Renovación Popular Milagros Jáuregui de Aguayo, mandó al archivo el proyecto de ley 7471/2023 que proponía incluir como beneficiarios de la Ley 31405 a los hijos de los fallecidos y a quienes quedaron con discapacidad severa como consecuencia de la represión policial y militar en las protestas de diciembre de 2022 a marzo del 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.
De esta forma, los menores de edad que han perdido a sus padres por las masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el régimen de Boluarte ya no podrán recibir una pensión por orfandad, ya que los beneficios de esta ley —que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad— ya no se ampliarán debido a la negativa parlamentaria.
«Esta iniciativa buscaba garantizar la atención del Estado a menores de edad que quedaron en orfandad y que el Estado tenga una responsabilidad. Lamentable que otras iniciativas sí prosperen y aquellas que buscan visibilizar y atender un derecho importante de un sector de la población que busca justicia no sea de importancia para un sector del Congreso», manifestó la congresista Ruth Luque, autora de dicha iniciativa legislativa.
En ese sentido, ya no será posible la asistencia económica equivalente a S/ 200 mensuales que se abona de forma bimestral y se mantiene vigente hasta que el beneficiario cumpla 18 años.
Entre los casos de orfandad que se pudieron conocer durante las protestas fue el de los hijos de Miguel Arcana, primer fallecido durante la represión policial en Arequipa. También el caso de los hijos de Edgar Prado Arango, quien fue asesinado por ayudar a un herido durante la masacre de diciembre en Ayacucho. Asimismo, el hijo de Eberth Mamani Arqui, uno de los fallecidos durante la masacre que cometió la fuerza policial y militar en Juliaca, Puno.
El hijo de Ronaldo Barra Leiva —tercera víctima de la represión policial en Pichanaki, Junín— será otro menor de edad que no podrá ser beneficiado. Tampoco lo serán los hijos de Sonia Aguilar Quispe y el hijo de Salomón Valenzuela Chua, ambos asesinados durante la represión policial en las protestas de Macusani, en la provincia de Carabaya, Puno.
La iniciativa también contemplaba a menores con discapacidad severa. Es necesario recordar que, según la Defensoría del Pueblo, desde diciembre de 2022 hasta la fecha, alrededor de 27 menores de edad han sido heridos. Estos casos ocurrieron en Lima, Andahuaylas (Apurímac), Ayacucho, Cusco, Juliaca (Puno), Ica, La Merced (Junín) y Ucayali.
