Contraloría advierte impunidad en 15 000 casos de funcionarios públicos

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el contralor general Nelson Shack, informó que respecto a la responsabilidad administrativa, actualmente no es posible aplicar sanciones administrativas debido al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió desde abril de este año la capacidad sancionadora de la Contraloría General, por lo que solicitó prioridad en la aprobación del proyecto de Ley N° 4267 que la restituye.

Esta situación -dijo- ha generado que queden en la impunidad casos que involucran a más de 15 000 funcionarios públicos, en quienes se ha propuesto responsabilidad administrativa por hechos en materia de inconducta funcional, además de responsabilidad civil y penal por corrupción.

También consideró importantes otras iniciativas legislativas referidas a fortalecer el control gubernamental sobre las inversiones ejecutadas bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (P.L. N° 3928) y el referido a la reactivación de los proyectos de inversión de infraestructura u obras paralizadas (P.L. N° 3995), entre otros.

Informó que otro instrumento implementado por la CGR son los Operativos de Control que permiten obtener información relevante sobre el funcionamiento de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros, para la toma de decisiones adecuadas y para desplegar acciones de control.

PROCESOS JUDICIALES

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el contralor general Nelson Shack reveló que en lo que va del año se han iniciado 89 procesos judiciales, impulsados por la Procuraduría Pública de la Contraloría, a partir de los servicios de control realizados por la institución y que involucran a más de 630 funcionarios públicos.

En el marco de dichos procesos judiciales, el monto involucrado en los servicios de control que sirvieron de base para iniciarlos asciende a S/ 355 millones, de los cuales S/ 282 millones corresponden a procesos penales y S/ 73 millones a procesos civiles.