Corte IDH ordena frenar ley de amnistía en casos Barrios Altos y La Cantuta

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 29 de julio de 2025 una resolución urgente en la que insta al Estado peruano a suspender inmediatamente el trámite del proyecto de ley que concedería amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La presidenta del tribunal, Nancy Hernández López, advirtió que, de no paralizarse el proceso legislativo, el sistema de justicia interno debe abstenerse de aplicar la norma en los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta.

El fallo subraya que la medida provisional busca proteger el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y evitar que la futura ley surta efectos jurídicos antes de que la Corte IDH evalúe a fondo la solicitud de ampliación presentada por los representantes de los deudos.

“Disponer que la ley no surta efectos jurídicos hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo”, reza explícitamente la resolución.

Para los familiares de las víctimas, la ley aprobada por el Congreso es un grave retroceso de los derechos humanos.

“Los familiares tenemos derecho a la justicia y es un derecho que está consagrado también como parte de la Constitución; sin embargo, esta ley lo que hace es arrebatarnos ese derecho, ya que los condenados mayores de 75 años no cumplirian sus condenas, sino que en algunos casos los procesos que están en investigación, o en espera de ratificación o de condena, sean amnistiados y sean olvidados”, dijo Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz Perea, estudiante secuestrado y desaparecido por el Grupo Colina.

Respuesta “rebelde” del Ejecutivo

Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia sacó un comunicado alegando que la Corte IDH “excedió sus competencias y de contravenir el derecho internacional”, sin recordar que el Perú ha firmado tratados internacionales que lo obligan a cumplir estos ordenamientos.

Asimismo, Juan Alcántara Medrano, rechazó la resolución. En declaraciones a El Comercio, cuestionó la legitimidad de la intervención del tribunal internacional en un proceso legislativo aún inconcluso.

“Entonces, ¿cómo la Corte IDH nos va a decir ‘no hagan esto’? No es una ley ni ha sido sometida a la jurisdicción interna por personas afectadas. Lo que cuestionamos es la intención de la Corte IDH de impedirnos emitir nuestras propias normas”, sostuvo Alcántara.

Audiencia pública citada en Costa Rica

Además de la orden, la Corte IDH ha convocado a una audiencia pública presencial el próximo 21 de agosto, en su sede en San José, Costa Rica. Están citados el Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las representantes de los familiares de las víctimas.

En esa sesión se debatirá la ampliación de las medidas provisionales ya vigentes y el posible impacto jurídico de la ley sobre los fallos ya emitidos por la Corte en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006).

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