Estamos acostumbrados a debatir sobre la importancia de las actividades extractivas –minería, petróleo, agroindustria– para la economía nacional. También hay un debate sobre la viabilidad o no de hacer minería y agricultura en un mismo territorio, muy superficial, pero lo hay. Podríamos decir que hay un mínimo debate sobre la contaminación que se produce por estas actividades extractivas, aun cuando es una realidad vivida cotidianamente por una parte de la población peruana. Lo que sí debemos decir es que ese mínimo debate está orientado por el Estado y las empresas para visibilizar solamente la contaminación producida por actividades extractivas ilegales.
En estos últimos meses se han publicado diversos informes que dan cuenta del nivel catastrófico de contaminación en que nos encontramos. Comunidades de Loreto contaminadas con mercurio, cadmio, arsénico y plomo. Metales pesados en niños y niñas de La Oroya, Espinar o el Callao. Mercurio en suelos y aguas de Madre de Dios. Pasivos ambientales en niveles históricos, léase relaves mineros en Cajamarca, Áncash y en Lima. Sobre explotación y escasez de agua en Ica. Este es un breve recuento de una realidad que está en todo el país asociado a las actividades extractivas –minería, hidrocarburos, forestal, agroindustria– ya sean de empresas grandes o pequeñas, legales o ilegales.
Tomando el caso de la minería, una rápida revisión del Inventario de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) 2016 del Ministerio de Energía y Minas (MEM) nos brinda los siguientes datos: 8854 PAM reconocidos por el Estado; Áncash, Cajamarca, Puno, Huancavelica, Junín y Lima son los que más tienen; el MEM indica que el 1% están siendo reaprovechados, el 7,5% encargados para remediación a AMSAC –empresa estatal encargada de la remediación, y el 14,8% se encuentra dentro de un instrumento de gestión ambiental aprobado. Es decir, ¡cerca del 77% de pasivos ambientales están en el aire!
Pero lo que más sorprende es que en el documento mencionado, que uno puede descargar de la página del MEM, una columna dice textualmente “Nombre del titular del derecho minero” es decir quien explotó el mineral y en otra columna dice “Nombre del responsable de la remediación del pasivo” y en la gran mayoría de casos dice “NO IDENTIFICADO”. ¿Alguien puede explicar cómo se hace para que quien se benefició de la extracción minera no sea quien tenga que asumir los PAM que deja su actividad?
El tema central es que nadie dice este cuerpo es mío y afronta esta situación, lo cual sorprende sobre todo por parte del MINAM y sus organismos de regulación y fiscalización ambiental. Es más, para este ministerio todas las medidas ambientales son un negocio – residuos sólidos, bionegocios, cambio climático, entre otros–, “crecimiento verde” le llaman.
En la gran mayoría de estas iniciativas se habla de que es necesaria la inversión privada, pues los recursos con los que cuenta el Estado peruano son insuficientes. Esto tiene dos aristas preocupantes. Por un lado, si no hay inversión privada se pedirán préstamos a organismos internacionales lo cual asegura el aumento de nuestra deuda y todos los problemas que eso conlleva. Por otro lado es que si vamos a pedir inversión privada, ¿Por qué no les pedimos, digo EXIGIMOS, a esos privados que contaminaron que asuman el costo de remediar este problema?
¿Quieren demostrar que las actividades extractivas y la agricultura pueden convivir? Comiencen por demostrar que toda la contaminación generada por estas actividades puede ser remediada por una acción conjunta del Estado y el sector privado. Mientras nos dedicamos a discutir si son viables o no estas actividades, para miles de peruanos lo que es realmente inviable es que no se tomen todas las medidas para remediar las consecuencias de años y años de minería, extracción petrolera y agroindustria.
*Rafael Salgado es Ingeniero quimico ambiental por la Universidad Marianao (CUAJE-Cuba) y estudiante de la maestría en Desarrollo, Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha trabajado en relación a los procesos mineros tanto con empresas como con comunidades altoandinas. Actualmente reflexiona con actores locales diversas vías para lograr desarrollar las actividades más sustentables en sus territorios.
