Por Graciela Tiburcio Loayza

Durante los últimos nueve años, más de 8 mil 800 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de trata, según el Sistema de Registro y Estadísticas del Delito de Trata de Personas y Afines-RETA del Ministerio del Interior (Mininter). Es decir, alrededor de mil mujeres y niñas por año fueron víctimas de este delito, considerado como una de las formas de esclavitud moderna.

Las alarmantes cifras del Mininter, también revelan que el 34,2% de las denuncias por trata tuvo como fin la explotación sexual. Además, el Ministerio Público indica que el 56.8% de adolescentes captadas para este fin tenían entre 13 y 17 años de edad.

Solo entre el 2010 y el 2014, mil 795 adolescentes y 228 niñas fueron víctimas de trata.

Si bien el origen de la trata de personas es muy antiguo, las acciones emprendidas por el Estado son relativamente nuevas. Recién en el 2007, el Perú lo incluyó en el Código Penal como delito.

Desde entonces las iniciativas del Estado para contrarrestarlo han estado mayoritariamente enfocadas en la “persecución del delito”, dejando de lado la atención a la víctima, “a  pesar de que en el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 se señala que este está centrado en la víctima”, según señaló Carmen Barrantes, responsable del Programa de Derechos de los Niños y Niñas en zonas mineras de Terre des Hommes Suisse, organización que trabaja para promover la calidad de vida de niñas y niños en diversos países del mundo.

El presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer para enfrentar la trata de personas, sustenta las declaraciones de Barrantes. De tener 1 millón 429 mil soles en 2015, ahora solo cuenta con 626 mil soles, es decir, se le ha restado 800 mil soles progresivamente en los últimos cuatro años.

“Debe haber coherencias entre las políticas y el presupuesto asignado”, agregó Barrantes, quien además señaló que esta reducción presupuestal, limita la ejecución de acciones del Ministerio de la Mujer para proteger a las adolescentes y mujeres víctimas de trata.

Los reportes del Mininter, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, evidencian que las niñas y adolescentes, son la población más vulnerable ante este delito. Su situación se agrava cuando la pobreza, el analfabetismo y la baja escolaridad convergen poniéndolas en mayor riesgo.

Estos factores son aprovechados por las personas implicadas en la red de trata, quienes suelen ofrecer a sus víctimas mejores oportunidades de trabajo, calidad de vida y estudios. En muchos casos, los victimarios suelen ser personas del entorno familiar o conocidos.

Por estos motivos, es necesario que se fortalezcan las capacidades y condiciones en las que viven las mujeres y niñas para que «enfrenten el principal factor que las coloca en situación de vulnerabilidad  frente a la trata: su situación económica».

En esa línea, Sara Ramírez, Coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex, también sostiene las medidas de prevención y protección deben ser mejoradas.

“Las acciones deben ser sostenibles y se debe garantizar la integridad de todas las personas víctimas de trata. Es necesario que se dé soporte a las víctimas para que puedan reestructurar sus proyectos de vida y que la respuesta y acciones del Estado sean sostenibles”, enfatizó.

La representante de Promsex, agrega que se debe implementar el Protocolo integral para la atención en salud de las víctimas de trata con un enfoque de género, considerando la atención especializada para la niñez y la adolescencia.

Además, un reporte de la organización alerta que el Ministerio de la Mujer todavía no publica el Plan de Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas, instrumento necesario para los procesos de soporte y reinserción social a quienes fueron víctimas de este crimen.