Tras nuevos audios y revelaciones de la Plataforma de Investigación Periodística, integrada por Convoca, Diario La República, OjoPúblico y Wayka, y que alcanzaron al propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el presidente de ese poder del Estado, Víctor Prado, anunció que la Sala Plena de la Corte Suprema en reunión extraordinaria decidió:
- Declarar en emergencia funcional el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) por un plazo de diez días.
- Evaluar la situación de la jueza María Luisa Apaza, integrante del Colegiado D de la Sala Penal Nacional, luego que en un audio el suspendido vocal supremo César Hinostrozaintentó favorecer un cambio de plaza para la magistrada que era presidenta del tribunal encargado del juicio por lavado de dinero contra la familia Sánchez Paredes.
- Requerir a la junta de jueces superiores y especializados, respectivamente, para que, en reunión que deberá realizarse el lunes 27 de agosto, decida acciones contra los magistrados Augusto Ruidías Farfán y Rosa Amelia Vera Meléndez. Hinostrozaafirma que llegó a conversar con Duberlí Rodríguez, titular del CEPJ, para pedir que la jueza Apaza sea destacada de manera definitiva a Lima. Así se lo comentó por teléfono a la magistrada Vera Meléndez y a otras dos personas que están en proceso de identificación por las autoridades del caso. Hinostroza también se comunicó con un personaje identificado como ‘Augustito’ en los audios. El único personaje que responde a este apelativo es el juez Augusto Ruidias Farfán, el otro miembro del CEPJ.
- Pedir también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, en un plazo no mayor de cinco días calendarios, que decida lo correspondiente a su representante, Pedro Angulo Arana.
- Delegar a la Presidencia del Poder Judicial para que, con el apoyo del Gabinete de Asesores, realice en el más breve plazo la revisión de las normas que regulan las funciones y competencias del CEPJ, así como de sus miembros, y formule propuestas de modificación.