Mucho antes del estallido de la pandemia y su arribo al Perú, la propia Sunat estimaba que en nuestro país se evadía alrededor de 50 % del pago del Impuesto a la Renta y alrededor de 30 % del IGV. Si todavía alguien se sorprende por qué nuestro sistema de salud público es tan precario y no tiene condiciones mínimas para enfrentar una situación de emergencia sanitaria como la que hoy nos toca vivir, solo basta señalar que la evasión del Impuesto a la Renta e IGV equivale aproximadamente a S/ 60 000 millones que el Estado pierde anualmente: cinco veces todo el presupuesto que se le asigna al sector salud.

No está de más recordar que en los últimos cuarenta años, el Perú registra cuatro episodios en los que la presión tributaria estuvo por debajo del 13% del PBI (ver gráfico):

  • En 1983, año en que se produjo un Fenómeno El Niño que tomó al país por sorpresa y sin mayor preparación, provocando el colapso de la gran mayoría de sectores productivos, lo que trajo como consecuencia una contracción de la producción nacional en casi 12% y una caída de la presión tributaria.
  • Luego, durante el colapso económico de la segunda mitad de la década del 80 (primer gobierno de Alan García), que se acentuó sobre todo a partir del año 1987, y que también provocó una drástica caída de la recaudación que duró hasta inicios de la década del 90.
  • Un tercer momento se presenta el año 2001, luego de los efectos de una crisis externa que estalló el año 1997 y que golpeó por varios años la economía global y los precios de las materias primas. En el Perú generó estancamiento y un marcado deterioro de los principales indicadores de la economía y, por supuesto, la caída de la recaudación tributaria.
  • Y, finalmente, el último episodio en el año 2017, que si bien estuvo precedido por un deterioro de los precios internacionales de las materias primas, no fue un shock externo ni una crisis de la misma magnitud de los episodios previos. Todo indica que la caída de la presión tributaria en los últimos años, se explica, sobre todo, por las erradas políticas tomadas en el último tramo del gobierno de Humala y en los primeros meses del de Kuczynski, que provocaron una caída drástica de la capacidad de recaudación.

Dicho esto, cabe preguntar cuáles serán los efectos en la economía y en la presión tributaria de la crisis generada por el COVID-19. Todo indica que el golpe será muy fuerte, éste y los próximos años, más aún si no se hacen los correctivos necesarios.

Pasada la emergencia, se deberá retomar la discusión sobre lo necesario que es llevar adelante una verdadera reforma tributaria que permita sentar las bases de una relación de equilibrio entre el desempeño de las actividades productivas y las obligaciones que tiene el Estado peruano de contar con los recursos que permitan responder a las demandas de la población y a situaciones como las que se vive en medio de la pandemia del COVID-19.