Un juzgado de Yarinacocha repuso a los docentes pese a los procesos judiciales en su contra. Entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años de un pueblo originario.
Juan García Ruiz, José Cedeño Leon y Laison Marquiño Tseje Yagkug, los dos primeros docentes, y el tercero, estudiante, todos de la Universidad Intercultural de la Amazonía (UNIA), han sido denunciados por cometer abuso sexual contra estudiantes y profesoras de la misma casa de estudios desde el 2019.
En un inicio, la universidad separó a los docentes como medida preventiva mientras duraba el proceso judicial, sin embargo, un juzgado de Yarinacocha otorgó medidas cautelares a los acusados para que sean repuestos en sus cargos y ahora continúan dictando clases con normalidad en detrimento de las denunciantes y otras posibles víctimas.
Además, en el caso de la menor de 17 años, los estudiantes denuncian que las autoridades universitarias no actuaron con celeridad y obstaculizaron el procedimiento.
Poder Judicial expone a las víctimas
Los casos de abuso sexual de los docentes se hicieron públicos el 2023, después que ‘B’, una docente y secretaria académica de la institución, denunciara a Juan García Ruiz por el delito de tocamientos indebidos ocurridos ese mismo año. La denunciante contó que éste la tocó e intentó besarla sin su consentimiento en diciembre del mismo año. En ese momento, García Ruiz había sido elegido como Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales.
Tras esta denuncia, una nueva agresión sexual, ocurrida el 2019, se hizo pública. Una estudiante de la Universidad Intercultural de la Amazonía, identificada como ‘R’, contó que mientras esperaba su nota final del curso dictado por Juan García, el docente esperó que no hubiese nadie en el ambiente en el que estaban, y que al momento de mostrarle su registro, aprovechó para tocarla de forma indebida e intentar besarla. ‘R’ logró huir del espacio y, tras retomar sus clases después de la pandemia, tomó fortaleza de la primera denunciante y decidió contar lo sucedido.
Ese mismo año, una denuncia penal por violación sexual fue interpuesta por la estudiante de iniciales Z.R.F.P. La presunta víctima acusó al profesor de citarla en su habitación para conversar sobre sus notas, ya que había sido desaprobada. Al llegar le pidió desvestirse, y después de tomarle fotos cometió el acto delictivo. Esta denuncia fue archivada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha.
Además de Juan García Ruiz, el docente y asambleista universitario, José Cedeño León, también se encuentra investigado por el presunto delito de abuso sexual contra ‘L’, una docente principal de la institución, en la modalidad de tocamientos indebidos. La víctima, a través del programa televisivo Amazonas al día, señaló que para evitar que ‘L’ denunciara, Cedeño,la acusó de haberlo amenazado de muerte ante la gobernación de Yarinacocha.
En los 3 casos se ha iniciado un proceso judicial y las 3 denunciantes han recibido medidas de protección a su favor. Además, en un inicio la Universidad separó a los docentes como medida preventiva. Sin embargo, los estudiantes alertan que a través de dos medidas cautelares, ambos han sido repuestos en la universidad en los mismos cargos que tenían anteriormente, poniendo en peligro a sus denunciantes y a otras mujeres de la institución educativa.
Según un representante estudiantil de la UNIA, García Ruiz incluso envió una carta notarial al Decano que lo reemplazó en el puesto al ser separado. En la carta notarial, el acusado conminó al nuevo Decano a dejar el puesto: “La carta notarial dice que si en 24 horas no abandona ese cargo, el señor lo va a denunciar a él por usurpación de cargos o de funciones. El Decano ya renunció, y es probable que el día de hoy lo estén reponiendo también al cargo de Decano, pese a que tiene denuncias”.
Además, según narra el estudiante, los docentes denunciados han buscado la forma de eludir las medidas de protección otorgadas a las presuntas víctimas: “Ellos tienen una orden de alejamiento por parte de las víctimas, entonces, ¿qué han hecho ellos? Pretenden darle a sus estudiantes clases en otro espacio fuera de la universidad. En un inicio estaban dando clases virtuales, pero la Universidad las ha prohibido, entonces ahora quieren dar clases en otro ambiente fuera del perímetro de la universidad”.
Esto no solo expone a las víctimas a la revictimización, sino a las estudiantes que continúan recibiendo clases por parte de docentes denunciados.
Encubrimiento de las autoridades
Pero estas no son todas las irregularidades ocurridas en la UNIA con respecto a casos de abuso sexual. El caso más reciente, que han denunciado los estudiantes, es el de una menor de 17 años presuntamente abusada. Según el parte policial, la menor de iniciales J.A.W., fue encontrada por su primo en uno de los parques de la universidad con signos de haber sido dopada y ultrajada, después de que otros estudiantes dieran aviso de que una mujer se encontraba entre los matorrales. Pese a que él verificó la identidad de su prima a las 9:45 a.m., no pudo conversar con ella sino hasta las 03:24 p.m., debido a que la menor fue trasladada al tópico de la institución por autoridades de la misma, donde permaneció durante más de cinco horas sin seguirse los protocolos de ley para estos casos.
Según su familiar, al conversar con la víctima, que pertenece a la comunidad nativa Shawi, señaló que ese día estuvo con Laison Marquiño Tseje Yagku en las afueras del albergue estudiantil designado para los alumnos, y que después de desayunar Laison Marquiño le ofreció una gaseosa. Tras ingerir la bebida, la estudiante no recuerda lo que sucedió.
Juan López, rector de la UNIA, aseguró al medio local Periodismo Ciudadano Ucayali, que la rectoría tomó conocimiento de los hechos 24 horas después. Sin embargo, testigos afirman que el vicerrector académico, Hernán Ávila Morales, fue quien trasladó a la presunta víctima al tópico y por tanto la UNIA sabía de la situación.
La abogada feminista Gabriela Paliza, directora del Centro Legal María Trinidad Enriquez, asegura que en el caso de violaciones sexuales es fundamental, para determinar cómo se dieron los hechos y lo que sucedió en torno al supuesto delito, que se remita a la víctima de inmediato a un centro de salud.
“Es fundamental que le hagan exámenes de sangre para saber si tiene algún tipo de sustancia en la sangre; lo otro es que también le puedan brindar el kit de emergencia, es decir, la pastilla del día siguiente y una serie de pastillas y medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual. Lo que ha sucedido en este caso es que las autoridades, al no llevarla a un hospital y además mantenerla durante tanto tiempo, primero han interferido con la investigación penal (…) Pero además, es fundamental que se realice un examen médico legista, porque las agresiones sexuales también dejan huellas físicas. Claramente las autoridades han incurrido en responsabilidad porque no han derivado inmediatamente a esta persona para que se le hagan todos los exámenes correspondientes”, aseguró.
Además, señaló que esta demora puede haberle dado tiempo a las personas involucradas para ocultar medios probatorios, incluso físicos: “es lamentable cómo las autoridades no tienen idea cómo son los procedimientos y más bien lo que hacen es entorpecer los procedimientos como ha sucedido en este hecho”.
Al respecto, el representante estudiantil señaló que, “el vicerrector desde un inicio ha mostrado su posición de defender este tipo de actos. Uno defiende a sus amigos que son acusados de toda esta situación, y lo más notorio, y lo más vergonzoso y más descarado es que quiso ocultar este último caso de dopaje y presuntamente abuso sexual. Y este alumno es el principal defensor de este señor vicerrector académico (…) Siendo autoridad, absolutamente no hizo nada el señor. Ocultó el tema, no avisó a nadie, y la chica es menor de edad, ¿a quién va a pedir ayuda? Si es de una comunidad. Entonces este señor, sabiendo toda esta situación ocultó el tema”.
El familiar de la estudiante declaró que al comunicarse con el presunto agresor, este negó todo el tiempo lo sucedido. Por su parte, el abogado de la menor, Rony Reátegui Pinedo del Centro de Emergencia Mujer de Yarinacocha, solicitó se considere la prisión preventiva del acusado, así como medidas de protección a favor de la denunciante.
Según la información del representante estudiantil, actualmente Tseje Yagku continúa llevando sus clases con total normalidad y sigue en calidad de albergado dentro de la Universidad; mientras que la presunta víctima ha dejado de ser albergada y está bajo la tutela de la jefa de la Defensoría Universitaria.
Alumnos se organizan
El estudiante además asegura que existen muchas más víctimas, de los mismos docentes, que aún no se han atrevido a denunciar por temor a represalias. Sin embargo, señala que los estudiantes están preparando medidas de protesta contra la reposición de estos docentes denunciados y la inacción de las autoridades universitarias ante el caso de la menor.
“Nosotros hemos exigido que no se de esa situación, porque la universidad debe proteger a las víctimas, no debe proteger a los agresores, o premiar; porque lo que están haciendo es premiar a estos docentes (…) Nosotros no vamos a permitir que ningún docente acusado de este tipo de actos vuelva a la universidad, creemos en nuestras compañeras, creemos en nuestras docentes”, aseguró.
