Esta tarde se realizó una nueva audiencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente del Poder Judicial, donde participaron representantes del Ministerio de Educación (MINEDU) y del colectivo demandante, Padres en Acción, con el fin de lograr una mayoría de votos sobre la permanencia o el retiro del enfoque de género en el currículo escolar.
Durante la exposición de argumentos, el procurador público especializado en materia constitucional y representante del MINEDU, Luis Huerta Guerrero, instó al juez supremo Pedro Cartolín Ramos a emitir su voto con celeridad sobre la controversia debido a que “la educación en igualdad estaba detenida y paralizada en todos los centros educativos” por causa del Poder Judicial.
“(Al juez dirimente) le bastaría suscribir el voto de alguno de los jueces que ya votaron, que después de esta audiencia dé la razón en esta controversia vinculada al enfoque de género al Ejecutivo, ya que hay urgencia debido a la existencia de una medida cautelar de primera instancia que impide al Minedu imprimir el currículo nacional”, comentó.
Huerta Guerrero explicó que tres de los cinco jueces de dicha Sala –Ramiro Bustamante Zegarra, Julio Wong Abad y Silvia Rueda Fernández– ya se han pronunciado a favor de revocar la sentencia en primera instancia que anulaba en parte el enfoque de género.
Estos tres jueces coinciden en declarar infundada la demanda de Padres en Acción, con la excepción de que el voto de Rueda Fernández tiene una argumentación particular, ya que la jueza ha pedido que para continuar con el enfoque de género, se sume la siguiente definición: «El sexo biológico masculino y/o femenino se determina al nacer, y la identidad de género es la que se construye, pudiendo coincidir o no con el sexo biológico».
El funcionario añadió que solo los jueces Vicente Walde Jáuregui y Samuel Sánchez Melgarejo, estuvieron de acuerdo en ratificar la sentencia emitida en primera instancia que anula en parte el enfoque de género. “Ellos se han quedado solos en estos temas”, dijo.
En ese sentido, exhortó a Cartolín Ramos a dar la razón al Ejecutivo sobre el enfoque de género para poder continuar con la educación en igualdad. “Los derechos humanos de las personas no pueden estar sujetos a la opinión de la mayoría. No puede ponerse a consulta de los padres”.
El funcionario declaró que dicha controversia debía tener una perspectiva constitucional que tome en cuenta los tratados de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual obliga a los estados integrantes a que adopten medidas que eliminan los estereotipos que discriminan a hombres y mujeres.
Por su parte, Justo Balmaceda, abogado del grupo demandante Padres en Acción, argumentó que dentro de la formulación de la guía se estaba entendiendo al género no solo como hombre y mujer, y que por el contrario se incluía también a personas LGTB (Lesbianas, gays, trans y bisexuales).
“El enfoque de género o la defensa de la mujer está en varios tratados, es cierto, pero el Perú siempre planteó la reserva de que género se refiere solo a la mujer. Nos sorprende que el procurador incluso en su primer escrito, colocara, en dónde quedan los LGTB. Según la Ley General de Educación, género se refiere solo a varón y mujer, a nada más. Está en las leyes, en la Constitución, que el género es solo mujer”, señaló.
Tras ser consultado sobre las vinculaciones de los integrantes de su organización con grupos conservadores de la iglesia católica como el Opus Dei y el Arzobispado de Lima, negó que existieran influencias o conflicto de intereses. El abogado aseguró que proclamaban la libertad y eran libres de trabajar en espacios vinculados a las jerarquía eclesiásticas.
El juez supremo Cartolín Ramos tiene un plazo de 30 días para emitir su voto respecto al litigio, sin embargo su voto no sería suficiente para lograr una decisión mayoritaria, ya que se necesitan cuatro votos para lograr un fallo definitivo.
