A través de un Decreto Legislativo, el Gobierno endureció las sanciones para quienes no cumplan con pagar la pensión alimenticia de sus hijos e hijas. De esta manera el gobierno traza una línea que ‘Fortalece la protección integral de niñas, niños y adolescentes’.

Así tenemos que:

En el caso del sector público, la negativa a suscribir la autorización para el descuento de su remuneración, es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro.

Así mismo, se detalla cierta información que debe conocerse:

  1. La persona inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), puede postular y acceder al servicio civil en el Estado, o ser designado funcionario o directivo de confianza, o contratar con el Estado, siempre que cancele el registro o autorice el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del contrato o la expedición de la resolución de designación correspondiente.
  2. La oficina de recursos humanos o la oficina de logística, según corresponda, o la que cumpla dichas funciones, comunica al REDAM la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad.
  3. La misma oficina se encarga de tramitar el depósito judicial respectivo a través de la oficina de tesorería o la que haga sus veces en la entidad, salvo disposición distinta del juzgado competente sobre la forma de pago.
  4. En el sector privado, la autorización del descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos se establece de común acuerdo entre el empleador y el trabajador o la persona postulante, debiendo la oficina de recursos humanos o la que cumpla dichas funciones, informar al REDAM de la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

 

La publicación que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra, el premier César Villanueva, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, de la Mujer, Ana María Mendietta, y del ministro de Trabajo, Christian Sánchez, se promulgó el 24 de agosto.