Día mundial de la visibilización trans: derechos y resistencias en el Perú

Discriminación y negación de la identidad de personas transgénero vulnera el acceso a derechos básicos

“Es el momento de denunciar que las personas trans no vivimos en democracia. Al negarnos el reconocimiento de identidad, el Estado no nos considera ciudadanas. Eso es lo básico», afirmó Pate del Águila, activista trans e integrante de Féminas Perú.

La discordancia entre la apariencia física y los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) se convierte en una fuente inmediata de violencia y discriminación para las personas trans. Al negar la identidad, el Estado peruano también les niega el acceso a la salud y a otros servicios que cualquier ciudadano tiene por derecho. En el entorno educativo, la identidad trans genera el acoso y el bullying por parte de profesores y alumnos, teniendo como consecuencia la deserción escolar.

«La identidad es un elemento básico para poder ejercer nuestra ciudadanía y eso lamentablemente no ocurre. Nosotras, al no existir legalmente ante el Estado, vemos vulnerado todo nuestro desarrollo de vida», señaló Pate del Águila.
Con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans —fecha que conmemora la identidad trans y denuncia la discriminación que persiste—, Pate del Águila, estudiante de Sociología e integrante de Féminas Perú, y Sebastián Marallano, presidente de Diversidades Transmasculinas (DMT), expresaron la necesidad de seguir visibilizando la diversidad de expresiones de género, así como denunciando las agresiones físicas, psicológicas y sexuales a las que son sometidas las personas trans, y las barreras para acceder a educación básica, atención médica y empleos dignos.

La identidad Trans

Ser trans significa que la identidad de género de una persona no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Mientras que una persona cisgénero se identifica con ese sexo asignado, por ejemplo, alguien nacido con características masculinas que se identifica como hombre; una persona trans puede identificarse con un género diferente al que se le asignó: como por ejemplo, identificarse como mujer trans quien fue asignada hombre al nacer pero es mujer; o un hombre trans, quien fue asignado mujer al nacer pero es hombre.

Dentro de las personas trans también existe diversidad sexual, ya que la orientación sexual—ser heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, etc.—es independiente de la identidad de género. Es decir, una persona trans puede sentirse atraída por hombres, mujeres o personas no binarias, de la misma manera que cualquier otra persona. Ser trans no depende de cirugías o tratamientos médicos, sino de la identidad de la persona, y no es una patología, sino una expresión legítima de la diversidad humana.

Según un estudio sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Perú, realizado por Promsex, solo el 8.7% de las personas trans cuentan con un DNI que reconoce su nombre social y no el otorgado al nacer.

El proceso de cambio de nombre para personas trans en Perú puede extenderse entre cuatro y seis años. Además de los engorrosos trámites judiciales requeridos, conlleva un significativo gasto económico. Este proceso depende en gran medida de la disposición y capacitación de los jueces en temas de identidad de género, ya que en muchos casos exigen evaluaciones de genitales, lo que expone a las personas trans a situaciones de revictimización y violencia institucional.

Políticas en contra de la población trans en el Perú

En Perú, las políticas públicas dirigidas a la población trans atraviesan un claro retroceso. Como señalan Pate del Águila y Sebastián Marallano, activistas por los derechos de las personas trans, la visibilidad no es suficiente, pues esta tiene que estar acompañada de políticas públicas que garanticen sus derechos.

En febrero de este año, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso peruano aprobó por unanimidad una iniciativa que recoge los alcances de los proyectos de ley 6505/2023-CR y 8457/2023-CR — presentados por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia)—, la cual prohíbe el ingreso de personas a espacios públicos según su «sexo biológico». La norma, que carece de sustento científico, justifica su medida bajo el argumento de «proteger a las familias», estigmatizando a las personas trans como una amenaza para la infancia, cuando la realidad muestra que los perpetradores de agresiones sexuales contra las infancias son hombres heterosexuales, cisgénero y mayormente del entorno de la víctima.

«Estoy harto de que se nos use como chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Es absurdo que se culpe a las personas trans de la corrupción, la delincuencia o incluso la pobreza del país», denunció Sebastián Marallano.

Según data del Centro de Emergencia Mujer (CEM), al cual tuvo acceso Wayka, en 2024 se registraron 32 388 denuncias por agresión sexual en Perú. De estos casos, el 70,4% (22 798) corresponden a víctimas menores de 17 años. El análisis de los agresores revela que: 3 199 casos (9,9% del total) tuvieron como presunto agresor a una pareja de la víctima, 11 196 casos (34,6%) involucraron a un familiar y 17 993 casos (55,5%) fueron cometidos por personas sin vínculo de pareja ni familiar.

Estos datos desmontan el argumento utilizado para justificar la norma congresal que vincula a la comunidad trans con riesgos para la infancia, demostrando que la mayoría de agresiones provienen del entorno cercano a las víctimas

Otro de los retrocesos que se pretendieron desde el Congreso contra los derechos de la población trans fue la aprobación del Decreto Supremo 009-2024 que clasificó a las personas LGTB bajo categorías patológicas, equiparando identidades de género y orientaciones sexuales con enfermedades. Esto, a pesar que en EEUU y el mundo se ha despatologizado hace años la categoría trans. En 2013 se corrigió el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), donde el término «Trastorno de Identidad de Género» fue reemplazado por «Disforia de Género», eliminando así la clasificación de identidad trans como un trastorno mental.

También a nivel internacional, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la OMS, aprobada en 2019, eliminó la «incongruencia de género» de la categoría de trastornos mentales, reconociéndola como una condición de salud sexual en lugar de una patología.

Incluso, en un país tan conservador como el Perú, una encuesta realizada por Ipsos muestra que el 68% de la población estaba en desacuerdo con la clasificación patológica que pretendía el Congreso.

Ante la presión ciudadana, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Resolución Ministerial n.º 447-2024 para el cese del uso de los términos transexualismo y travestismo en el capítulo de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-10). Sin embargo, el decreto no fue derogado.

“Este decreto nunca se derogó, y más bien creo que eso agrava nuestra vulnerabilidad y estigmatización aún más. Nunca hubo una voluntad política ni siquiera para investigar e informarse antes de promulgar este decreto supremo. No hubo un mea culpa desde el Gobierno porque, realmente y lamentablemente, es lo que piensan. Piensan que estamos enfermas y locas”, indicó Pate del Águila.

Situación actual y resistencias

En el 2022, la Defensoría del Pueblo resaltó la urgencia de garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans y de implementar políticas públicas para proteger sus derechos. Sin embargo, durante los últimos tres años, esta institución no ha emitido pronunciamientos sobre el tema y tampoco se han aplicado medidas que promuevan la Ley de Identidad de Género en Perú.

El Día de la Visibilidad Trans evidencia no solo la exclusión y violencia sistemática contra la comunidad trans, sino que reivindica la memoria como forma de justicia: nombrar a las víctimas y romper el silencio.

«Históricamente, cuando nos callamos ante pequeñas injusticias —aunque no nos afecten directamente—, terminan perjudicando a todos. En el día de la visibilidad trans, debemos reflexionar”, señala Sebastián Marallano, quien apunta que las personas trans se enfrentan a una vulneración que no se centra solo en “perseguir a quienes expresan su género libremente, sino de limitar derechos fundamentales».

Frente al retroceso global en derechos LGTBIQ+ y las reformas que atacan a poblaciones vulnerables, ambos activistas insisten en la necesidad de visibilizar el tema en todos los espacios —familia, barrios, universidades, mercados, colegios—, pero también en crear redes de apoyo: programas de empleo, salud mental y protección económica.

«Siempre hay que repetir sus nombres: Rubí, Priscilla, Erika, Ale, Yuri, Sheila, Liz y Rodrigo. Las identidades trans y no binarias siempre hemos existido, y eso es lo que quieren borrar de la historia. Pero ya lo intentaron antes, y no nos vamos a ir a ninguna parte», afirmó Pate del Águila.

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