Acaban de dar la Presidencia del Poder Judicial al juez José Luis Lecaros, y con él, los seis jueces y juezas que le dieron su voto.
Además de Lecaros, según diversas fuentes, votó por su candidatura el juez Walde Jáuregui, el mismo que apareció en un video gritando en el frontis del Poder Judicial, y exasesor del cardenal Juan Luis Cipriani. También votó Aldo Figueroa, nombrado como juez supremo en diciembre del 2017 por el Consejo Nacional de la Magistratura que presidía Guido Aguila. Figueroa aparece señalado por un colaborador eficaz en el informe de la fiscal Sandra Castro en el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto». Como supremo votó junto a César Hinostroza Pariachi en la famosa “Casación de Arequipa”, donde se ponía obstáculos a los fiscales en la investigación de lavado de activos.
También votó Ana María Aranda, actual Jefa de Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a quien le cuestionan una presunta incorrecta reelección en el cargo, que no actuó hasta que el escándalo de los ‘CNM audios’ salió a la luz.
Otro voto fue el del conocido juez Ángel Romero, exabogado de casinos y tragamonedas, relacionado con el APRA, que fue destituido alguna vez en primera instancia por el antiguo CNM (en el caso de los extrabajadores del BCR). Él también fue nombrado supremo en el 2015 por el CNM de Guido Aguila, aparece en los CNM audios y también en el informe de la fiscal Sandra Castro del caso «Los Cuellos Blancos».
Finalmente, votó también por Lecaros, el juez Pariona Pastrana que puso su firma en los execrables casos de la trata de una menor de edad (hecho que quedó impune en el CNM de Aguila), y en el caso de la reducción de las penas del ‘Grupo Colina’ en Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri. Esta sentencia, de la entonces sala presidida por Javier Villa Stein, fue anulado luego por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La gestión de un presidente del Poder Judicial es marcado no solo por la persona, sino también por el contexto en que es elegido y los votos que le dan la victoria. Que por Lecaros (sobre quien no se conoce mucho de los casos que ha resuelto como ponente), hayan votado quienes han votado, en plena investigación de los casos más graves de corrupción como Lava Jato y ‘CNM audios’ que involucran sobre todo al poder político del aprismo y el fujimorismo, deja con una estocada letal al proceso de lucha contra la corrupción emprendido en los últimos meses.
Por si fuera poco, la mayoría que lo encumbra no fue realmente la del consenso: el consenso mayoritario fue el voto en blanco. Es decir, encima, se pretende que los peruanos no tengan un Presidente del Poder Judicial representativo siquiera entre los supremos, a pesar de que su función es representar al Poder Judicial (artículo 74, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Es decir, si en la segunda vuelta Lecaros hubiera tenido 2 votos, su contrincante 1, y 16 votos en blanco, igual hubiera sido ungido. Eso no puede ser, pues los argumentos legales de todo acto administrativo (como lo es una elección) no pueden aceptar un argumento absurdo, más aún cuando se trata de un cargo de representación. He ahí un punto para debatir jurídicamente esta elección.
Pero no es el único problema. Lecaros ganó entre sus 6 votos con uno cuestionable: el de Ángel Romero. Su nombramiento como juez supremo (en el 2015 con el CNM del “hermanito” Guido Aguila), tiene un vicio de nulidad porque uno de los consejeros que votó en su elección fue nombrado en contra de la Ley Orgánica del CNM y de la Constitución. Es un caso de nombramiento que, de ser aprobada la Junta Nacional de Justicia (la propuesta 1 del referéndum), deberá ser anulado. Esto lo saben los jueces supremos, o en todo caso debieran saberlo. Entonces, el voto de Romero está en franco cuestionamiento.
Si a eso le sumamos que Lecaros, elegido de esta irregular manera, estará sentado junto con Chávarry, en la Comisión Especial que elegirá a la nueva Junta Nacional de Justicia, el panorama es el peor para la lucha contra la corrupción. No hay garantías de que la impunidad se imponga en los casos Lava Jato y ‘CNM audios’.
Hay suficientes razones para que esta elección se cuestione. La forma y algunos votos que dan ganador a Lecaros no se condicen con la lucha contra la corrupción y la defensa de la aplicación de la ley emprendida. Es la peor decisión en el año de la revelación de una grave red de corrupción en el sistema de justicia, y por eso mismo debe ser revertida. Sin contar, que el Poder Judicial acaba de perder la legitimidad ganada a pulso en los últimos meses por mérito del juez Víctor Prado y los jueces y juezas que están haciendo su trabajo a contracorriente.
