Más de 50 organizaciones piden a Vizcarra no promulgar ley que legitima tráfico de terrenos

Defensores ambientales y comunidades campesinas envian una carta al presidente Martín Vizcarra pidiendo que observe la ley aprobada por el Congreso para formalizar posesiones informales. Aseguran que norma beneficia al tráfico de terrenos.

Redacción Wayka

Con firma de más de cincuenta organizaciones y ciudadanos, la carta dirigida al presidente solicita que observe la ley aprobada por el Congreso en setiembre. Como se recuerda, tanto investigadores como defensores ambientales alertaron que esta norma no garantiza viviendas de calidad, además que agrava la problemática de tráfico de terrenos.

El 19 de octubre vence el plazo que tiene Martín Vizcarra para promulgar la ley. Si el presidente presenta observaciones, la norma regresaría al Congreso y habría una nueva oportunidad de debate.

Las organizaciones que lideran la oposición a la ley que legitima el tráfico de terrenos son la Red de Lomas del Perú, la Unión de Estudiantes y Egresados de Arquitectura de Lima (UDEAL) y URBES LAB, grupo de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Defensores en riesgo

Entre los firmantes están defensores de lomas costeras, dirigentes de comunidades campesinas y defensores ambientales que sufren amenazas de traficantes de terrenos. Por ejemplo, está el caso de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape que administra la Reserva Ecológica de Chaparrí, ecosistema víctima de constantes invasiones. En 2017, un defensor de la reserva fue asesinado por una mafia que buscaba apropiarse del terreno.

«Si se promulga esta ley, se estará legitimando las actividades delictivas y la desaparición de las lomas costeras y otras áreas naturales que sufren la presión de la expansión urbana», señalan en la carta a Vizcarra.

Otras instituciones y colectivos que han suscrito el pedido a Martín Vizcarra son la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Lima Cómo Vamos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Entre los firmantes también se encuentran las excongresistas Indira Huilca y Marisa Glave.