Niña indígena de 13 años quedó embarazada tras sufrir violación. Al ser un embarazo de riesgo, su madre pidió aborto terapéutico a una posta y al Hospital de Abancay, pero no la atendieron. Por esto, tuvo un aborto espontáneo que puso en riesgo su vida. La Fiscalía la demandó y casi fue encarcelada. Cuatro años después, no hay sanciones para las entidades que la maltrataron

Nicol León

Noviembre de 2017. Camila tiene 13 años y ha quedado embarazada por una violación. Acude a la posta médica más cercana de su pueblo, donde su madre -quechuahablante y con una discapacidad física severa- alerta que la salud de su hija corre riesgo. No encuentra ningún gineco-obstetra que lo confirme. Pide que la deriven al Hospital Regional de Abancay para que una Junta Médica resuelva su pedido de acceder al aborto terapéutico, un derecho que tiene como usuaria del servicio de salud. Pero la posta médica la ignora.

El 13 de diciembre, Camila y su madre acuden al hospital de la región. Con asesoría del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivo (Promsex), presentan una solicitud para que la niña acceda al aborto terapéutico que en el Perú es legal desde 1924 y cuenta con una Guía Técnica de aplicación desde el 2014. Transcurren 7 días. No hay respuesta a su pedido y Camila ingresa al hospital con fuertes dolores abdominales. En el transcurso tiene un aborto espontáneo.

La fiscal que investigaba la violación denuncia a la menor por el delito de autoaborto. Durante su indagación obliga a Camila a que vaya al lugar donde ocurrió el hecho, lo que va en contra de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, por ser considerada una forma de revictimizar, de volver a hacer que la niña cuente la agresión. 

Camila y su madre -con apoyo de Promsex- presentan quejas ante el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), para que se sancionen a la posta médica, el hospital y a la fiscal por los maltratos cometidos.

No defendieron a la niña. Por el contrario, el Tribunal de Susalud absolvió a los funcionarios de salud de la posta médica y del hospital. El Ministerio Público solo impuso una sanción leve a la fiscal.

EN CONTRA DE LA VÍCTIMA

En abril de 2018, la representación legal de Camila presentó quejas contra la posta médica y el Hospital Regional de Abancay.

La respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) fue absolver de responsabilidad a la posta médica que no brindó a tiempo a Camila la atención de una especialista. En tanto, por no haberla derivado a un hospital, solo decidieron imponer una amonestación escrita.

Respecto al hospital, Susalud los sancionó con una multa de 11.5 UIT (S/ 50 600) y les ordenó que capaciten a su personal en la aplicación del aborto terapéutico.

Esta fue la decisión en primera instancia. Según la resolución, el hospital debió convocar una Junta Médica y en menos de 6 días dar una respuesta a la solicitud de aborto terapéutico para Camila. Luego, debieron hacerle exámenes médicos para comprobar que su vida corría peligro por el embarazo. Solo así podía acceder al aborto terapéutico. Pero ninguna de estas diligencias fueron realizadas por el personal del hospital.

Aún así, el hospital acudió a otra instancia de Susalud para pedir que quede sin efecto la sanción. Aseguraron que la responsable de no haber recibido atención adecuada fue la niña de 13 años y Susalud les dio la razón. Según el hospital y la entidad fiscalizadora, Camila debió encargarse de presentar las pruebas de que su salud corría riesgo ante el embarazo precoz. Pero la Guía Técnica desmiente este argumento.

“La guía técnica es bastante clara en señalar que el hospital está obligado a formar la Junta Médica para recabar la información suficiente sobre el tema médico y saber si se cumplen las causales de aborto terapéutico indicadas en la guía. ¿Cómo se le puede cargar esa responsabilidad a una niña víctima de violencia sexual que está en una situación de embarazo de riesgo? Si el hospital no lo provee, no sabemos cómo una niña se va a hacer pruebas o informes médicos para presentarlos al hospital”, explicó la abogada Claudia Castro.

De esta forma, el hospital ya no tiene la obligación de pagar la multa ni de capacitar a su personal en la atención de niñas, adolescentes y mujeres que requieran aborto terapéutico.

El área de litigio estratégico de Promsex impondrá una acción de amparo en las próximas semanas para que se ordene de nuevo las sanciones contra el hospital.

NO HAY REPARACIÓN

Por no haber sido atendida a tiempo en el hospital, pese a que se trataba de un embarazo de alto riesgo, Camila tuvo un aborto espontáneo. La fiscal que venía indagando la violación que sufrió, realizó diligencias para recabar pruebas que le ayudarían a pedir una condena contra la menor por el delito de autoaborto.

Durante las diligencias, la fiscal la obligó a que acuda a la reconstrucción de la violación, a pesar de que la norma lo prohíbe y ordena que las menores víctimas de este delito solo cuenten una sola vez lo que sufrieron en una entrevista en Cámara Gesell, espacio creado para que las denunciantes puedan narrar lo ocurrido.

La fiscal también solicitó un informe al jefe del hospital que no atendió a Camila para que le explique las razones por las que no le alertaron del aborto espontáneo que tuvo la niña. Estas infracciones requerían que la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la región imponga sanciones graves. Pero solo aplicaron un castigo leve.

Según el Ministerio Público, entre enero de 2018 y octubre de 2021, se presentaron 62 denuncias contra menores de 14 años por el delito de autoaborto en distintas fiscalías del Perú. La persecución de niñas que tuvieron abortos continuó después de que intentaron meter en prisión a Camila. Cuatro años después, aún no hay ningún tipo de reparación, sino una cadena de maltrato.

Actualización: El área de litigio de Promsex que representa a Camila presentó una demanda de amparo contra Susalud por su decisión de absolver al Hospital Regional de Abancay y responsabilizar a la menor de la desatención y los maltratos que cometieron contra la niña.