Redacción Wayka

Una demanda iniciada por dirigentes campesinos de la provincia de Espinar, en Cusco, contra los convenios pactados entre la minera Glencore y la Policía Nacional del Perú que, sostienen, ha venido vulnerando sus derechos, será finalmente debatida y sometida al voto en el pleno del Tribunal Constitucional. 

Desde el 30 de mayo de 2019 ha estado en espera dentro del TC la demanda de amparo de los comuneros de Espinar, patrocinados por las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y el Instituto de Defensa Legal (IDL)  que pide la anulación del ‘Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial’ que ponía a la PNP a reprimir las protestas contra el proyecto minero Antapaccay de Glencore. 

Hasta dos mil ciudadanos de 13 comunidades campesinas de la provincia de Espinar salieron a protestar en julio de 2018 contra Glencore, luego de que fueron excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa. Según denunciaron las comunidades en huelga, dicha exclusión no les permitiría conocer o reclamar sobre posibles impactos sociales o ambientales. 

Según un informe jurídico del Instituto de Defensa Legal, los convenios entre empresas mineras y la PNP serían inconstitucionales porque “al distraer recursos humanos y logísticos de la PNP, afectan, limitan y menoscaban la protección del orden interno y la seguridad pública”. Y el documento precisa: “Estos convenios afectan de manera más intensa a aquellas personas que se oponen o han cuestionado los proyectos extractivos (…) pudiendo realizar actos de protesta abiertos y públicos”. 

Información de la DIROES entregada al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) muestra que, hasta 2015, habían 22 convenios vigentes entre mineras y la PNP. Algunas de ellas son Antamina (Ancash), Chinalco (Junín), Coimolache (Cajamarca), Gold Field (Cajamarca), Conga (Cajamarca), Trompeteros (Iquitos), Pierina (Ancash).