Por Alex Choquemamani / Foto: anzabikes.com

La elevada frecuencia de atropellos a ciclistas en el Perú no tiene cuando acabar. Y en vez de generar una preocupación social, termina siendo percibido como algo ‘normal’. También se cae en el error de suponer que la responsabilidad del atropello será siempre del atropellado (ciclista). «Pues él/ ella sabía que manejar bicicleta en el Perú es peligroso».

Existe un hecho irrefutable: los atropellos a ciclistas –profesionales, urbanos, rurales, etc.– en el Perú cobra la vida de miles de peruanos y peruanas. Y en caso que el resultado no sea fatal, los ciclistas sufren lesiones que interrumpen –por un tiempo o para siempre– su proyecto de vida. Entonces, sí es un problema que debe ser atendido y resuelto por el Estado. 

El Congreso no hace mucho publicó la Ley de la Bicicleta (Ley N° 30936), la cual si bien tiene como aspecto positivo la promoción del uso de la bicicleta, no repara en el lado «B» del asunto: cómo se vienen resolviendo los casos de ciclistas atropellados por parte de malos conductores.    

Es cierto que los medios de comunicación difunden estos sucesos (ciclistas arrollados por malos conductores); sin embargo, no hacen seguimiento a las investigaciones policiales y judiciales. Por lo que al cabo de un tiempo son muchas las preguntas sin respuesta, siendo la más común: ¿Por qué el fiscal decidió archivar el caso o por qué el juez decidió dejar libre al conductor?

Es así que llegamos a la labor de jueces y fiscales. Para muchos de estos el atropello a un ciclista es percibido como un «caso menor» (salvo que haya resultado fatal). Por lo que optan priorizar casos de connotación social o en los que existe presión mediática. Entonces el expediente del ciclista afectado puede pasar meses, incluso, años, sin resolverse; y con ello sin repararse el daño que se le causó. Y en el peor de los casos, se resuelve mal y se deja libre al responsable del atropello.

El trabajo de los policías (Área de Accidentes de Tránsito)  no es una excepción a la cadena de falencias del sistema peruano de justicia. La labor policial es el primer contacto de la autoridad con el accidente de tránsito. Es también el terreno más susceptible para la corrupción e irregularidades. Siendo las más comunes: el ocultamiento de pruebas o la fabricación de evidencia (peritajes de tránsito).

Éste es el lado B de los miles de atropellos a ciclistas ocurridos en el Perú. Un ciclista, además de perder la vida o sufrir una lesión seria, provocada por un chofer imprudente, tiene que padecer las deficiencias del sistema peruano de justicia. Es decir, sufrir un segundo atropello a sus derechos como ciudadano y como ciclista, pero con la diferencia que esta vez el atropello ocurre dentro del mismo Estado, y tiene como autores a sus representantes (jueces, fiscales, policías). 

En el lado B de los atropellos a ciclistas, nada es casual. Un atropello puede ser un accidente (falla humana o falla mecánica). Pero las irregularidades cometidas en las investigaciones son actos voluntarios que persiguen satisfacer un interés particular. Se deja libre al chofer que arrolló a un ciclista, a cambio de una coima o una prebenda.

 «¿Qué no es la coima, la enorme, la nutritiva coima?», se preguntó el escritor Roberto Arlt. Luego responderá: «La coima es la diosa protectora de todos los tahúres que pululan en nuestra tierra, de todos los comisarios que entran flacos y salen gordos, de todos los magistrados que se taponan los oídos para no escuchar los alaridos de la justicia». Esta respuesta dada hace casi cien años, describe bien el actual sistema peruano de justicia.