Redacción Wayka
Indignados. La comunidad nativa Tres Islas en Madre de Dios intervino el lago Pastora Grande; lugar donde mineros ilegales realizaban sus operaciones sin permiso, causando graves daños al medioambiente y la destrucción de su hábitat.
Más de 70 comuneros que participaron de la intervención encontraron cerca de 9 tracas y un motor en el lago, que luego fueron retirados; a pesar de las amenazas y resistencia de los mineros. Este acuerdo por parte de los comuneros se hizo en una asamblea, tras cuatro meses de espera para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.
Cansados de esperar
En reiteradas reuniones, los dirigentes de la comunidad hicieron llegar a las autoridades estatales su malestar por la presencia de mineros ilegales en su territorio. Enviaron cartas a fin de solicitar se tomen las medidas necesarias para expulsar a los mineros ilegales del Lago Pastora y del km 24, pero no obtuvieron respuesta.
La comunidad exige la erradicación de la minería y tala ilegal, realizando inspecciones dentro de su territorio para identificar los sectores donde se desarrollan estas actividades. La última inspección al lago Pastora se hizo en agosto de este año, en compañía de efectivos policiales que encontraron 15 tracas, y problemas de deforestación y contaminación.
Los dirigentes de la comunidad han manifestado que «no piensan bajar los brazos para hacer respetar sus derechos, y serán constantes con sus intervenciones para supervisar y conseguir una Comunidad libre de minería ilegal», según informó el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).
Larga lucha
La comunidad nativa Tres Islas está conformada por los pueblos shipibo y Ese’ Eja, y no es reciente su lucha frontal en contra de la minería y la tala ilegal dentro de su territorio.
Ellos también cuentan con una sentencia ganada en el Tribunal Constitucional de 2012 (Exp. 1126-2011-PHC/TC), una medida cautelar N° 113-2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una sentencia del Poder Judicial sobre la nulidad de concesiones mineras, predios agrícolas y autorizaciones de agua (Exp. 6752017), sin que hasta la fecha las autoridades locales y estatales ejecuten el cumplimiento de estas, por lo que en ese sentido la Comunidad ha tenido que actuar por su cuenta, con base en sus derechos.
Hay que resaltar que durante todo este tiempo, la comunidad no ha desistido, y ha continuado exigiendo a las autoridades estatales que ejecuten las sentencias ganadas y la Medida Cautelar otorgada a su favor por la CIDH.
