El sistema de transporte es un problema interinstitucional, multinivel y de diferentes poderes del Estado que afecta a la sociedad y al ambiente.
Suponíamos que con el actual gobierno se enfrentarían diversos problemas que vivimos como pueblo peruano. Uno de ellos, que sufrimos todos los días y a cualquier edad, es el transporte. El hecho de desplazarnos en las calles, ya sea como peatones, utilizando el sistema de transporte público, privado, bicicleta, scooter u otros medios; ya sea para comprar, trabajar, estudiar, ir al centro de salud para la primera vacuna de bebes o para nuestros chequeos siendo adultos mayores, u otras actividades.
El sistema de transportes actual, que viene de años y que lastimosamente el actual gobierno sigue manteniendo, está copado de informalidad y es gestionado por diferentes actores que desde el Estado no dialogan y menos aún les interesa el bien común, nuestra seguridad y vida. Para muestra, la pésima Ley del taxi colectivo: esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en el 2020. El MTC observó esta ley pero el Tribunal Constitucional ratificó la ley con los votos de José Luis Sardón y Ernesto Blume. Como es de esperar, por norma el MTC es quien reglamenta las leyes de su sector. ¿Pero quiénes fiscalizan? Aquí aparecen otras dos instituciones: la Policía Nacional y las municipalidades. ¿Cómo estas instituciones se articulan? ¿Lo hacen? ¿Hay un plan para el sistema de transportes?
Este caso es muy interesante pues muestra la complejidad del tema, los roles de cada institución y a qué intereses representan. El Congreso ha ido sacando de manera dispersa diversas leyes: la ley de la bicicleta, la ley del colectivo; actualmente la propuesta de ley de las motos, entre otras. Pero no vemos la integralidad del sistema de transportes. Como es evidente, todos los medios de transporte conviven en un mismo espacio: las vías, las calles, las veredas, ciclovías, el espacio público con la particularidad de cada territorio. El espacio público es un bien común, un bien público y tal como está siendo gestionado ahora (y desde antes) es sobre todo un malestar en términos de uso del tiempo (tráfico), seguridad e integralidad de los sistemas de transportes.
¿Es posible pensar en retomar la propuesta de buses intermodales, que aceptaban bicicletas? ¿Es posible pensar en funiculares o teleféricos como medio de desplazamiento en los cerros de las ciudades? ¿Es posible plantear bicicletas públicas integradas al sistema de transporte público?
Actualmente vemos un sistema de fiscalización bajo la lógica de recuadación; es decir, colocar una papeleta (incentivo negativo) al cometer una infracción generando una «deuda». Pero cada cierto tiempo se realizan amnistías para estas papeletas. Esa es una mala señal respecto a lo que supone el respeto y la convivencia vial, aún bajo la lógica de recaudación postevento negativo. ¿Podríamos pasar a un sistema de fiscalización preventivo? Es decir, incluir la educación vial en el currículo escolar, aumentar el nivel de rigurosidad al otorgar brevetes, reducir las velocidades, incluir señalización e implementos que favorezcan la reducción de velocidades, priorizar la movilidad en transporte público de calidad, la movilidad no motoriza y en ese sentido la intermodalidad, la infraestructura segura en ciclovías. Se trata de plantear los sistemas de transportes no desde la atomicidad sino desde el conjunto bajo lógicas de convivencia vial y respeto a la vida.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el primer semestre del 2021 ocurrieron 34 905 siniestros viales, en los cuales fallecieron 1 341 personas y 22 850 resultaron lesionadas. Es decir, cada día hubo en promedio 194 siniestros viales, en los cuales 8 personas fallecieron y 127 resultaron lesionadas. El principal causante es el transporte motorizado, siendo la imprudencia de la persona que conduce y el exceso de velocidad las causas más comunes.
Por ello es fundamental plantear un sistema de transportes preventivo, que priorice el bienestar y la vida en las calles. Asimismo, resulta urgente reducir nuestra dependencia de la energía fósil y más aún con la evidente falta de regulación y acciones de respuesta frente a impactos ambientales, como en el reciente derrame de crudo por parte de la empresa Repsol. Una movilidad a favor de la vida, sostenible, integral y articulada que priorice el bienestar social es urgente.
