Por Miguel Loayza / Justicia Viva
En la elección del nuevo Tribunal Constitucional participarán integrantes de bancadas involucradas, en mayor o menor medida, en investigaciones emblemáticas de presunta corrupción. De hecho, entre los congresistas actuales, uno de los más vinculados con personajes investigados por el caso Cuellos Blancos ostenta, nada menos, que la vicepresidencia de la Comisión Especial que elegirá a los nuevos magistrados.
José Vega Antonio, secretario general y fundador de Unión Por el Perú (UPP) -quien fue además uno de los principales promotores de la vacancia-, ha sido protagonista de conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la Fiscalía como el cabecilla de los Cuellos Blancos del Puerto.
En agosto del 2018, el portal Manifiesto hizo pública una llamada de Vega a Hinostroza, realizada el 10 de abril de ese año. En la conversación, el líder de UPP le comenta a Hinostroza que se encontraba cerca al Palacio de Justicia, y le pide su ubicación exacta para tener un encuentro. La conversación abunda en términos fraternos.
El 29 de mayo del mismo año, Hinostroza se comunica con el fiscal supremo Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para pedirle que reciba a “un amigo”. Arce, sin embargo, le pide que lo espere hasta el viernes. La conversación se dio a las 9:43 a.m.
El mismo día, alrededor de las 5 p.m., Hinostroza insiste. Le pide a Arce que reciba al mismo amigo al día siguiente, pues se trataba de un asunto “de vida o muerte”.
¿Quién era el amigo al que se refería Hinostroza? Nada menos que Víctor Soto, personero y representante legal de UPP, el partido de uno de los congresistas que hoy dirige la elección del nuevo TC. Por aquellos días, UPP afrontaba una denuncia ante Indecopi y el JNE por parte de la agrupación Lima Va, que aseguraba que el partido de Vega se había apropiado de su símbolo y colores distintivos.
Por ese caso, UPP recibió dos fallos adversos de Indecopi (12 de julio y 12 de diciembre), pero la suerte le sonrió en el JNE. El 9 de agosto de ese año, Arce firmó una resolución en mayoría que le dio la razón al partido. Consultado sobre las coordinaciones de Hinostroza a favor de su agrupación, Vega se limitó a responder que la reunión entre Soto y Arce nunca se llevó a cabo. Pero esos no serían los únicos indicios de su relación con personajes de alto vuelo.
El mismo día de las conversaciones entre Hinostroza y Arce -29 de mayo-, según información del Ministerio Público, un almuerzo se llevó a cabo en la casa del empresario Antonio Camayo, conocido personaje en la trama de los “Cuellos Blancos”. A la reunión asistieron, según la Fiscalía, Hinostroza, el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, el empresario Higinio Capuñay, y Vega Antonio.
De acuerdo al Ministerio Público, aquella habría sido la famosa reunión con medios de comunicación organizada por Hinostroza para favorecer la elección de Chávarry como fiscal de la Nación. Posteriormente, en una declaración ante la Fiscalía, Capuñay confirmó que asistió al almuerzo invitado por Vega Antonio, quien le presentó a Camayo.
Los Luna y Podemos
Otro partido que ha sido vinculado a la trama de los Cuellos Blancos es Podemos, de José Luna Gálvez. De acuerdo a Miguel Torres Reyna, exasesor del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y aún aspirante a colaborador eficaz en el caso Cuellos Blancos, la inscripción de Podemos en la ONPE se dio gracias a la labor de José Luis Cavassa Roncalla, presunto operador de la mafia judicial.
Según reveló el testigo a la Fiscalía, para la inscripción de Podemos fue vital la elección de Adolfo Castillo Meza como nuevo jefe de la ONPE por parte del CNM, en febrero del 2017. Por aquel presunto favorecimiento, Castillo Meza fue suspendido del cargo; en mayo de este año la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó su renuncia.
La presunta influencia de Luna en el CNM fue reafirmada por otro colaborador eficaz, quien señaló que el fundador de Podemos auspició las campañas de los exconsejeros Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera.
Meses antes de tales testimonios, ya había sido revelado las elevadas sumas de dinero que pagó Luna, a través de la Universidad Telesup, a Aguila y Noguera cuando aún eran consejeros. Luna es también investigado por los aportes ilícitos de Odebrecht y OAS a Solidaridad Nacional, partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Hoy, su hijo, José Luna Morales, es uno de los nueve congresistas que dirige el proceso de selección para el nuevo TC. Su bancada cuenta con 13 votos en el Pleno del Congreso.
Luna Morales era gerente general de Telesup cuando se dieron los escandalosos pagos a los exconsejeros del CNM. En enero, un informe de Ojo Público lo identificó como uno de los candidatos con mayores ingresos declarados. De acuerdo a la hoja de vida del hoy congresista, la fuente de su fortuna era el negocio de la educación.
Luna Morales declaró poseer acciones en la Universidad Telesup, en la Escuela Internacional de Posgrado SAC y en la Universidad Ciencias de la Salud SAC. El año pasado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) negó el licenciamiento a los tres centros educativos vinculados al congresista de Podemos.
Luna hijo ha sido cuestionado, además, por contratar como asesores en el Congreso a personas vinculadas a Telesup; además, sus empresas deben más de S/. 400 mil al Estado, según informe de Cuarto Poder.
Desde su campaña y a lo largo de su período congresal, Luna Morales ha hecho capital político enarbolando como bandera la devolución de los aportes de las AFP y la ONP. Desde el mismo Congreso han anunciado que las propuestas sobre los aportes podrían terminar siendo visto por el TC.
“Nada le es ajeno al TC, y ese es un tema en que algunos congresistas han reparado”, indica Iván Montoya. “Hay grupos minoritarios que tienen problemas de distinta índole, o pretensiones vinculadas a negocios educativos, que han sido afectadas por instituciones que hacen control. Otros grupos políticos tienen intereses que saben que, como último recurso, podrían ser protegidos en el TC. En el caso de congresistas con vinculaciones directas o indirectas en casos como Cuellos Blancos o Lavajato, la elección de uno o dos miembros que sean proclives a sus intereses asegurarían un cierto grado de protección”.
De la misma opinión es la constitucionalista Erika García Cobián: “El TC tendrá también un rol importante en la lucha anticorrupción, a través de la resolución de amparos o habeas corpus que puedan ser presentados en el marco de investigaciones emblemáticas. Es importante que esos procesos sean resueltos por un Tribunal imparcial e idóneo”.
